(26-04-15) Muy recientemente la prensa nos informaba de una noticia que, en principio, debería ser causa de alegría. La abogada y ciudadana española María José Carrascosa ha sido puesta en libertad condicional por un tribunal de EEUU, país donde estaba encarcelada desde el año 2006. Carrascosa había sido condenada por haberse llevado a su hija a España sin el consentimiento del padre, Peter Innes, de quien se había separado en 2004. Mientras que los tribunales norteamericanos habían concedido la custodia de la menor al padre, los españoles se la otorgaron a la madre. En uno de los viajes que la española realizó a Estados Unidos para continuar el pleito por la custodia de la niña, fue detenida, acusada de secuestro y condenada a 14 años de prisión.

Durante todo este tiempo, la hija de ambos se hallaba en Valencia, a cargo de sus abuelos, que en ningún momento han permitido que la pequeña mantuviera contacto alguno con el padre, a quien su exmujer acusó de maltrato, abuso sexual a su hija, narcotráfico, tráfico de armas, bigamia, envenenamiento, uso de varias identidades, etc.  Denuncias todas que, en su día, fueron archivadas por los tribunales españoles.

Como contraste, podemos recordar el caso del Juez Francisco García Serrano, que en 2012 fue juzgado y apartado de la carrera judicial por haber concedido permiso –permiso que fue solicitado por el abuelo a petición del chaval-  al padre de un niño para que le llevara a una procesión de Semana Santa en Sevilla sin contar previamente con la autorización de la madre, de la que estaba divorciado. El juez fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación, por haber modificado el régimen de visitas de unos padres divorciados, para que el hijo pudiera salir en una cofradía de la Madrugada en Sevilla en 2010 y al pago de 4.000 euros de indemnización a la madre del niño. Pero posteriormente, el Tribunal Supremo rectificó y aumentó la condena del juez elevando a 10 años su período de inhabilitación y añadiendo una multa suplementaria de 2.160 euros. De este modo, el juez García Serrano se ve así apartado definitivamente de la judicatura.

En su libro ‘La Dictadura de Género’, el ya ex juez Serrano hizo una denuncia pública sobre las llamadas políticas de ‘igualdad’ y de ‘violencia de género’. Tras su inhabilitación, García Serrano, dijo que “yo ya estaba condenado  desde que empecé a oponerme y a hacer crítica fundada sobre lo que suponía esa dictadura de género (…) Y no solamente yo, sino que a través de mí se espera atemorizar a otros jueces como un aviso a navegantes. A mí ya me habían advertido que iban a ir a por mí. Pero pensé que no iba a pasar nada, porque llevaba mi juzgado muy al día. Pero mi padre me advirtió que buscarían lo que fuera o directamente se lo inventarían, que fue lo que hicieron.”

Qué buenas resultan para el periodista las noticias que no necesitan comentarios porque se comentan solas. No. La ley no es igual para todos, como bien hemos comprobado recientemente con ciertas sentencias a políticos que estaban corrompidos hasta las cejas y nadando en millones como el famoso Tío Gilito de Disney. Y es importante, sumamente importante que la justicia sea independiente, universal y, obviamente, justa. Mucho más importante que la política, que la economía… porque es la última instancia a la que acuden el ciudadano y las instituciones en busca de la equidad. Es evidente que la inmensa mayoría de quienes componen el sistema legal, jueces, fiscales y abogados, trabajan de forma honrada. Pero la maldita política ha sido en este país como un cáncer que extiende sus metástasis a lo largo y ancho de la sociedad. Luchemos entre todos para erradicar esta plaga.

Abelardo Hernández