(24-02-15) Las siglas de Izquierda Unida en Madrid penden de un referéndum. La dirección regional del partido va a preguntar a sus afiliados -alrededor de 5.000- si quieren diluirse en el partido instrumental que lideran Ganemos y Podemos para concurrir a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid o si por el contrario son partidarios de conservar su identidad y recurrir a la fórmula de la coalición en el caso de plantearse alianzas con otras fuerzas.

En el trasfondo del proceso está el pulso interno que desde hace meses mantienen el sector crítico -que apuesta por la primera de las opciones bajo la anuencia de la Presidencia Federal- con el núcleo tradicional -que bajo ningún concepto quiere que el nombre de IU desaparezca de las papeletas-.

El Consejo Político regional se reúne este viernes y pondrá fecha a la convocatoria de la consulta, previsiblemente para la primera semana de marzo.

Además, ese mismo día se podría refrendar ya al candidato a la Comunidad de Madrid tras la espantada protagonizada por la ex diputada Tania Sánchez, designada en las primarias del partido celebradas en noviembre.

Las distintas asambleas están votando para elegir a su nuevo cabeza de cartel autonómico y entre los potenciales elegidos, según ha podido saber este periódico, hay un claro favorito: el escritor y militante de IU Luis García Montero.

«La excepción de Madrid es muy excepcional en un momento político también muy excepcional», señala Libertad Martínez, portavoz de la dirección colegiada de IU Madrid, en relación a la decisión del Consejo Político Federal del partido de que la formación pueda presentarse sin siglas en algunos municipios contados previa convocatoria de un referéndum. Se abre así la puerta a que Mauricio Valiente, del sector crítico, pueda integrarse en el partido instrumental con el que Ganemos y Podemos irán a las elecciones a la Alcaldía de la capital.

Entre tanto, los todavía portavoces en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, se niegan a acatar la orden de expulsión de la dirección nacional a cuenta de las tarjetas ‘black’ porque consideran que es una medida «ilegal» que supone un «ataque a la federalidad», un «atraco a los derechos de los afiliados» y una «violación de los derechos constitucionales». Según explicaron ayer en rueda de prensa, están dispuestos a defender su posición en los tribunales.