Han pasado los días, llegó el 17 de enero, y el CREADE de Pozuelo de Alarcón sigue abierto. Tal y como advertimos en El Correo de Pozuelo, hace unos días, el llamado “recurso trampa” del Gobierno de Pedro Sánchez no buscaba aclarar nada, sino ganar tiempo. Tiempo para que el desgaste, el cansancio vecinal o la lentitud judicial hagan el trabajo sucio que no se atreven a hacer ni la ley ni la razón.

Ahora, por fin, el Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo ha hablado claro ante el juez, alegando contra las medidas cautelares solicitadas por la ministra de Migraciones y con las que trataba de impedir el cierre definitivo decretado por el consistorio y cuyo plazo, como decía, venció el pasado sábado.

La nota de prensa que el Gobierno municipal ha hecho pública ayer anunciando las alegaciones no deja lugar a dudas: El centro de inmigrantes (CREADE) que el Ejecutivo Central se empeña en mantener abierto en la ciudad no solo incumple la normativa municipal, como decíamos en nuestro articulo de hace unos días, sino que también incumple la normativa estatal.

Es decir, no estamos ante un conflicto político ni ante una discrepancia ideológica sino ante un caso palmario de ilegalidad administrativa sostenida en el tiempo con absoluta desfachatez, aderezados con la mala leche del castigo a los ricos.

Los hechos son tozudos y los vuelvo a repetir:

El edificio en cuestión tiene, desde 2013, una única licencia: Hospedajes breves para un máximo de 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

No para 564 personas. No para estancias indefinidas. No para solicitantes de asilo de múltiples procedencias. Y, por supuesto, no para convertirse por la puerta de atrás en un macrocentro permanente sin pedir una sola licencia nueva al Ayuntamiento de Pozuelo sino, incluso, despreciándolo. Para esta tropa, insisto, Pozuelo es un pueblo de ricos y de fachas. Que se jodan.

El propio Ministerio de Migraciones reconoce en su documentación que aloja a más del doble de personas permitidas. Eso, en cualquier otro contexto, se llamaría riesgo cierto de hacinamiento aunque para esta izquierda parece que se llama “política migratoria progresista”.

Una política que, curiosamente, solo se aplica cuando el inmueble está en Pozuelo, vuelvo a insistir, y no en los barrios donde gobierna la izquierda.

Conviene recordar otro dato que el Gobierno Central preferiría que pasara desapercibido: La cesión del edificio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a Migraciones se hizo en marzo de 2022. Y se hizo única y exclusivamente para la emergencia derivada de la guerra de Ucrania.

En ningún caso para crear un centro permanente y genérico de acogida de inmigrantes, producto de su política insensata de puertas abiertas.

Sin embargo, en septiembre de 2023, sin informar al Ayuntamiento y sin modificar la licencia, el Ejecutivo de Sánchez decidió que aquello ya no era una solución temporal sino un uso estructural. Porque les pareció bien. Porque a EL le salió de sus güitos. Todo ello incumpliendo, incluso, su propio acuerdo de adscripción. Qué más le da a este señor moclovita.

Y por si el desorden no fuera suficiente, el Gobierno de España llegó a insinuar que el CREADE podría utilizarse para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados (MENAS). Una idea tan temeraria como ilegal, que solo se frenó cuando el Gobierno del Ayuntamiento avisó a Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores. Otra muestra más de la improvisación y el desprecio institucional con el que se está actuando.

Durante más de cuatro meses, el ministerio no ha hecho absolutamente nada por regularizar la situación. Ni una solicitud de licencia. Ni una adaptación del edificio. Ni una reducción del número de ocupantes. Nada. Su única estrategia ha sido judicializar el problema, pedir medidas cautelares y retrasar el cierre confiando en que el tiempo juegue a su favor. Con un par.

La alcaldesa, Paloma Tejero, lo ha dicho sin rodeos: Cuanto más se avanza, más claro queda que el Gobierno central ha incumplido la ley y pretende seguir haciéndolo.

Y tiene razón. Aquí no se discute la solidaridad ni la atención a personas vulnerables. Se discute algo mucho más básico: el respeto al Estado de Derecho y a las normas que rigen para todos.

Ahora la pelota está en el tejado de la Justicia. Veremos si el juez avala que casi 600 personas vivan donde legalmente no caben ni la mitad, o si, por una vez, la ley se impone también cuando quien la incumple es el propio Gobierno de España. Porque en Pozuelo, aunque algunos no lo entiendan, la ley no se interpreta, se cumple.

Juan Manuel Sánchez