La dirección nacional del PP habría tratado de contratar a una empresa de detectives para conseguir información del entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según publican este miércoles El Confidencial y El Mundo, uno de los implicados en esta operación sería Ángel Carromero, que actualmente ocupa el cargo de director general de Coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Estas gestiones se habrían producido en las últimas semanas, en plena batalla entre Génova y Ayuso por el control del PP regional.

El objetivo de esta investigación encargada desde el PP sería un contrato para comprar mascarillas en abril de 2020 y en el que podría haber intervenido el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso. Sospechan, según El Confidencial y El Mundo, que presuntamente se llevó una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo.

Según El Confidencial, el importe de la licitación ascendió a 1,5 millones de euros y fue otorgada a la mercantil Priviet Sportive SL, cuyo administrador Daniel Alcázar Barranco, reside en Sotillo de la Adrada (Ávila), el municipio en el que Ayuso y su hermano veranean desde hace décadas.

El equipo de Ayuso recibió el pasado mes de diciembre el aviso de que una empresa de detectives estaban investigando este caso para acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en nombre de un cargo del Ayuntamiento de Madrid.

Según El Mundo, fue un ex alto cargo del PP el que dio este aviso a la presidenta de la Comunidad.

A través de un comunicado, el PP ha desmentido tajantemente estas informaciones y ha anunciado que tomará las medidas judiciales oportunas ante “estas falsedades”.

Esto es un escándalo mayúsculo que tiene que tener consecuencias. Y entre esas consecuencias están las dimisiones de Pablo Casado y Teodoro García Egea. No hay más salida.