El sumario del caso sobre la presunta implicación del bailaor Rafael Amargo en una trama de tráfico de drogas ha concluido, y ahora las partes podrán presentar los escritos y recursos al texto, antes de que sea enviado a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento. Amargo y los otros tres sospechosos fueron detenidos el 1 de diciembre pasado y puesto en libertad con retirada de pasaporte tras oponerse el fiscal a su encarcelamiento preventivo.

El titular del juzgado de Instrucción número 48 ha concluido que el artista granadino encabezaba una red a la que se acusa de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Desde su piso en la calle de la Palma (Malasaña) se distribuían sustancias a compradores, utilizando para ello ‘mulas’ e incluso vehículos VTC, sobre todo durante el confinamiento.

En el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado recoge que los investigados en la causa «actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros». Y sitúa el desarrollo de la actividad «en la vivienda que Jesús Rafael García Hernández, de 46 años, con Luciana D. M. B.», su pareja sentimental.

En el auto se especifica que a la vivienda «los compradores accedían tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien realizar una llamada telefónica: «Tras breves minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo».

El auto judicial añade también que la distribución de sustancias estupefacientes «se realizaba utilizando ‘mulas’, principalmente a través de Manuel Ángel B. L», un íntimo amigo del principal encartado en la conocida como operación Córax. Fue llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la comisaría de Centro.

El magistrado señala en su resolución, contra la que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que «una vez contactado con el comprador» era Amargo quien «enviaba a la ‘mula’ con las sustancias estupefacientes, bien andando o bien empleando Ubers contratados por el comprador para no dejar rastro. Entregada la sustancia, la ‘mula’ regresaba al domicilio para entregar el dinero obtenido».

En esa actividad –dice el auto-, participaban todos los investigados, cada uno con diferentes cometidos, «un reparto de funciones concertado y coordinado, en el que Jesús Rafael desempeñaba el rol de cabecilla del entramado, encargándose de la compra de cantidades de mediana envergadura de sustancias estupefacientes para abastecer al grupo de esta mercancía ilícita destinada a su tráfico».

En relación a Juan Eduardo de los Santos, su productor, el auto aclara que además aportaba, al parecer, los recursos económicos para adquirir sustancias ilícitas en cantidades más importantes.

El auto, prolijo en detalles, da cuenta de las cantidades intervenidas en la entrada y registro de los diferentes domicilios investigados, de las llamadas telefónicas entre vendedores y compradores, de las cantidades aprehendidas a los compradores y del contenido de las sustancias, generalmente metanfetamina, ketamina, MDMA y GBL.