El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado por la vía penal al exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos al no desalojar la acampada ilegal de la Puerta del Sol. La denuncia se ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid cuando el asentamiento cumple 34 días frente a la Real Casa de Correos.

Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este viernes tras aplazarse por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Entre los delitos que no se han perseguido en Sol, el portavoz ha enumerado «agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas, injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid».

Una dimisión con la acampada en pie

La denuncia llega días después de que Martín haya presentado su dimisión tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese y ha designado como sucesora a la hasta ahora subdelegada, Pilar Trinidad.

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Antes de abandonar el cargo, Martín remitió el lunes una carta a los acampados en la que les animaba a levantar el campamento tras «un tiempo razonable». Preguntado por esa misiva, García Martín ha recordado que el Gobierno regional ha exigido desde el principio el desalojo de una acampada que, según ha dicho, «está arruinando a comerciantes, que está vandalizando el patrimonio y que está tomando una plaza que es de todos los madrileños». El Ejecutivo autonómico mantiene así su reclamación de desalojo, que el exdelegado ignoró durante más de un mes.

El portavoz ha reivindicado las acciones del Ejecutivo autonómico, como el recurso contencioso-administrativo para obligar a la Delegación a levantar el asentamiento o la denuncia que ha llevado a la Fiscalía Provincial a abrir diligencias por «posibles delitos de odio, injurias y daños contra el patrimonio». La Comunidad ya había exigido a Martín desmantelar la acampada por las graves condiciones de salubridad detectadas en la plaza, y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida también ha anunciado una denuncia penal contra el exdelegado por su inacción.

La presión sobre Martín no ha llegado solo de las instituciones. Los comerciantes de la zona cifran en cerca de 25 millones de euros las pérdidas provocadas por la acampada, y la patronal CEIM le remitió, tres días antes de su dimisión, un requerimiento previo a una posible demanda por daños y perjuicios, en el que exigía que Sol quedara libre antes del 13 de noviembre, fecha de inicio de la campaña electoral. Martín niega que ese escrito motivara su salida. Los sindicatos policiales, por su parte, han culpado al delegado de las agresiones sufridas por agentes en Sol por permitir el asentamiento.

Sobre las convocatorias difundidas en redes sociales para cometer actos vandálicos en la noche de Halloween, García Martín ha atribuido esos llamamientos a «la amenaza de la izquierda y de la ultraizquierda” de que «ya no habrá paz en las calles». «La irresponsabilidad de algunos partidos políticos que están llamando a quemar absolutamente todo y quemar las calles de nuestra ciudad, de nuestra región y nuestro país», ha lanzado el portavoz regional.

Ante ese escenario, García Martín ha reclamado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, ahora en manos de Trinidad, que doten de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que den las «instrucciones oportunas» para que “el orden y la ley” puedan «estar en las calles de Madrid», a pocos días de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.