La subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) fue detenida este miércoles por la Guardia Civil por inventarse que sufrió una agresión a manos de cinco encapuchados cuando salía de su casa en Benidorm, el 6 de septiembre, horas antes de que tuviera que declarar contra tres funcionarios a los que se investigaba internamente por la reducción de un preso el 16 de agosto.

La subdirectora prestó declaración y quedó en libertad investigada por denuncia falsa y simulación de delito.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, defendieron públicamente a la funcionaria, convertida casi en mártir, a raíz de las informaciones difundidas.

En un comunicado de Instituciones Penitenciarias del 7 de septiembre se relataron los «dos fuertes golpes en la cara» que supuestamente había sufrido la alto mando, mientras la amenazaban con «que mantuviera la boca cerrada» en la declaración que tenía que hacer al día siguiente ante la inspección.

En ese comunicado se tildaba la agresión como «brutal ataque» y se mostraba la indignación y el rechazo.

Marlaska la definió como «una verdadera funcionaria» y Ortiz, junto con la subdelegada del Gobierno y otros responsables del centro se concentraron a las puertas de la prisión alicantina para apoyarla el 9 de septiembre.

Esta mujer era la encargada de aportar las grabaciones de la reducción a un enfermo mental, según la información ofrecida, que tuvo lugar el 16 de agosto por la que se abrió a esos funcionarios un expediente disciplinario. Ese preso quedó en libertad el mes pasado y al día siguiente intentó agredir sexualmente a una mujer en un pueblo de Cuenca.

Cuando trascendió el ataque a la subdirectora, que jamás ocurrió según ha averiguado la Guardia Civil, se informó de que la mujer había recibido whatsapp anónimos con amenazas para que no declarase contra los tres funcionarios investigados por la reducción.

Ella aportó pantallazos con esas amenazas a las pesquisas internas, luego denunció que le habían robado el teléfono en la propia cárcel, y más tarde fue incapaz de entregar esas pruebas a la Guardia Civil. Todo apunta a que también los anónimos eran falsos.

Algunos funcionarios de prisiones llevaban semanas advirtiéndolo e Instituciones Penitenciarias haciendo caso omiso y remitiendo a las pesquisas de Guardia Civil.

Ahora aseguran que tomarán acciones disciplinarias contra la subdirectora cuando tengan comunicación oficial.

Fuentes de Interior ya apuntan a un inminente cese de la trabajadora, pero veremos si con eso es suficiente porque la investigación quiere más.

La mujer se ha negado a declarar ante los investigadores, pero ya ha anunciado que cuando sea cesada podrá hablar con libertad de lo que ha sucedido realmente.

La gran pregunta es si esta aventura de presuntas falsedades la ideo sola y por qué, y si alguien más tiene que ver con esto habrá que saber quién y cuánto de cerca está de las personas que apoyaron sin fisuras a esta “verdadera funcionaria”, según Marlaska.