Dejamos el anterior capítulo recordando que, diecisiete años después, la licitación de las obras del Colector de Aguas Pluviales de Arpo (que fue anunciada en el BOE bajo el epígrafe de “Contratación Pública”) se había convertido en la casa de “Tócame Roque” en la que se pagaban facturas impropias por las que el presupuesto se incrementó como mínimo en más de un millón de euros.

Hoy todos aquellos gastos forman parte del presupuesto recogido en el Plan Especial del Colector aprobado en abril de 2010 por el Ayuntamiento de Pozuelo y los propietarios de suelo de Pozuelo están obligados a costearlos.

Sería muy interesante conocer a cuánto ascienden estos gastos a día de hoy porque, con seguridad, la superará ya en varios millones de euros. Por lógica, no resulta descabellado pensar que desde entonces y hasta que finalice la ejecución de la infraestructura esa cantidad se habrá duplicado como poco.

Y, claro, los propietarios de Pozuelo van a tener que hacer frente a unos sobrecostes de más de 6 millones de euros que traen causa en la pretensión de gestionar una infraestructura pública como si fuera una iniciativa privada.

Es alucinante.

Y créanme si les digo que estas estimaciones son muy prudentes.

En definitiva, los ciudadanos de este municipio pagarán dos veces la obra:

La primera, en impuestos para mantener un equipo de técnicos y funcionarios municipales.
La segunda, para sufragar una gestión privada paralela a la municipal.

En cualquier caso, son gastos que no se han sometido a los mecanismos de publicidad y concurrencia. Y estos solamente han sido de aplicación a la ejecución material. De costes que forman parte de la construcción del colector.

Costes que deberían haber sido sometidos a reglas de control administrativo. No es casualidad, como ya dijimos, que el Reglamento de Gestión Urbanística no contemple que las entidades urbanísticas colaboradoras se dediquen a la construcción de infraestructuras.

Un escandalazo.

Aunque, a decir verdad, la auténtica corrupción del sistema es todavía más profunda.

Existen razones técnicas poderosas para opinar que la solución y el trayecto escogido para realizar el colector de agua no son los únicos, ni los más aconsejables.

Algunos afectados por las obras muestran una alternativa con un desarrollo mucho menor y más respetuosa con el curso natural de las aguas. El coste se reduciría a menos de la tercera parte.

Cunde la sospecha fundada de que, en los tiempos de despilfarro, se ideó una obra faraónica con la finalidad última de distraer, precisamente, importantes cantidades de dinero. A mayor presupuesto, mayor distracción.

Finalmente, el Registro de Entidades Colaboradoras de la Comunidad de Madrid aprobó la inscripción de la entidad de Pozuelo con fecha 26 de febrero de 2014.

No tenemos muy claro si sus responsables incurrieron en prevaricación cuando denegaron inicialmente su inscripción o cuando finalmente la aprobaron. Las causas que adujeron la primera vez no habían cambiado.

Esto no es más que un botón de muestra. La maraña de regulaciones e intervenciones administrativas que, diluyendo la frontera entre lo público y lo privado, dan lugar a continuos despilfarros de recursos económicos y obstaculizan hasta el hastío el desarrollo de cualquier iniciativa económica.

En el caso de Pozuelo de Alarcón, el tema está en una huida hacia adelante que avanza en un camino sin retorno.

Continuaremos…

Javier G. Regalito