La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un auténtico misil tierra-aire contra la Ley Celaà, que se quiere aprobar de modo exprés esta misma semana. Según ha anunciado la jefa del ejecutivo regional, hoy, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramitará un decreto para elevar a 10 años la duración de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid

La medida, explican fuentes del Gobierno regional, supone de facto el blindaje de este modelo educativo, «y por ende de la libertad educativa», al menos hasta 2027.

Según la Ley Orgánica de Educación, las Comunidades Autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los colegios, que hasta ahora tienen, en la Comunidad de Madrid, una duración de 6 años. «Ante la actual situación, se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta 10 años, de modo que no vencerán dentro de 2 años, sino dentro de 6 años».

La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía.

La política madrileña mantiene una dura pugna con el Gobierno Central por la nueva ley educativa, que a su juicio puede perjudicar a las familias que optan por la educación concertada para sus hijos. En la Comunidad de Madrid, el 29 por ciento de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en cerca de 370.000 alumnos.

Ya prometió hace unas semanas blindar por ley este modelo educativo. Ahora, parece haber encontrado el resquicio legal para frenar los efectos de la ley, que se ha tramitado en un tiempo récord y en plena pandemia, lo que ha sido también criticado por la presidenta madrileña por hurtar la posibilidad de debate sobre este asunto.

Según ha señalado Díaz Ayuso, «queremos garantizar la libertad de elección de las familias en materia educativa, pero también en sanidad, en el comercio, en lo empresarial. Por eso, mostrar el firme compromiso de este Gobierno con la libertad, con el emprendimiento y con que todos los ciudadanos que vengan de cualquier rincón del mundo a emprender, lo van a hacer en un territorio de seguridad jurídica, de libertad, de respeto empresarial y de ayuda», ha concluido.