La defensa de Francisco Granados ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que instruye la macrocausa de corrupción ‘Púnica’, que se tome declaración en calidad de investigado al actual secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas.

Esta petición de diligencias llega después de que el empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados, entregara libros contables correspondientes a los ejercicios de 1999 a 2003 que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

En un escrito dirigido al juez, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa pide junto a la imputación de Simancas, que se tome declaración en calidad de investigados a otras once personas entre las que se encuentran hasta cuatro exalcaldes socialistas.

Así, interesan que se tome declaración al que fuera alcalde de Pinto de 1995 a 2000, Antonio Fernández, a los exalcaldes de Parla Tomás Gómez y José María Fraile, y al que fuera alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. Paralelamente, solicitan la imputación de quien fuera jefe de Gabinete en la alcaldía de Parla Antonio Borrego, y del que fuera portavoz del PSOE en Aranjuez Lorenzo Sánchez Gil.

Además, piden que declaren el ya investigado José Luis Capita, y varios socios de las mercantiles que “presuntamente dieron comisiones en efectivo al PSOE”. En concreto Enrique Larragán, Celedonio Pérez, Carlos Correa y José Ignacio Calvo.

Según la documentación presentada por Marjaliza, los libros contables pertenecían a las sociedades Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios S.L. (AGPI SL), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana S.L. (EPG SL), Técnica de Promoción y Construcción S.A. (TPC), Gestión de Técnica y Ordenación Urbana S.L. (GTO), Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción S.A. (APCC), y MUSARA 1057 S.L.

Por otro lado, y en un segundo escrito remitido al juez, la defensa del que fuera consejero ‘popular’ en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, solicita que se declare la falta de legitimación para ostentar la condición de acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y del PSOE en esta macrocausa, tras las revelaciones de Marjaliza.

Por tanto, esperan que el Ministerio Público solicite que se prive a la acusación popular de legitimación o condición como tal en las diligencias “por el claro conflicto de intereses e imposibilidad conforme principio acusatorio, de que quien tiene que ser investigado pueda ser, a su vez, parte de la acusación”.

E inciden en que como se puede desprender de la declaración de Marjaliza ante el juez, “existen indicios de la existencia de pagos ilegales, mordidas, comisiones, etc, al PSOE” en distintas circunscripciones y en el ámbito regional.

Añaden que dado que la Fiscalía le da credibilidad al testimonio de Marjaliza “como única prueba de cargo para tratar de preconstituir pruebas”, ahora debería obrar con la misma fuerza “en aras al principio de legalidad inclusive de oficio”.

En este sentido, refuerzan su argumento señalando que además se da una falta de interés legítimo de ADADE y PSOE para ejercer la acusación popular en esta causa. “Tanto ADADE como PSOE carecen de cualquier tipo de interés legitimo en el procedimiento: no existe un interés directo y específico para contribuir a la investigación del delito de este procedimiento, si no un interés relacionado con su posible participación en los hechos”, subrayan.

Al hilo, asemejan la situación a la que vivió el PP con la Gurtel, en la que fue condenado como partícipe a título lucrativo tras los pagos recibidos por algunos concejales. “Caso idéntico al presente”, apostillan en su escrito, para luego añadir que de hecho existen indicios suficientes “como para proceder a la investigación del PSOE y de sus responsables políticos a nivel regional”.