El juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha incoado diligencias previas contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional, al permitir que se llevasen a cabo manifestaciones multitudinarias en la región –entre ellas, la del 8 de marzo– cuando ya había casos de coronavirus en España.

La investigación judicial surge a raíz de una denuncia presentada el viernes, 20 de marzo, de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra todos los delegados de las diferentes Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla.

Los acusa de no haber prohibido concentraciones entre el 5 de marzo y el 14, «a pesar de la recomendación emitida el día 2 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades», dice la denuncia, seis días antes de que se celebrase la manifestación del 8-M en la capital.

El juzgado insta al denunciante a trasladar la parte de la querella referida a las demás personas ante los órganos judiciales del resto de Comunidades Autónomas, ya que solo tiene competencia para investigar al delegado del Gobierno en Madrid, así como ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que investigue a Pedro Sánchez.

En el marco del procedimiento, la juez Carmen Rodríguez Medel –la misma que investiga a Cristina Cifuentes por el caso Máster– ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma por coronavirus en la región.