La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha absuelto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo de Gobierno (PP) por el caso de las presuntas irregularidades en la venta masiva de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, en 2013. Con dos votos a uno entre los miembros de la sala, el órgano fiscalizador revoca su sentencia anterior, del pasado 27 de diciembre, al considerar que la operación con los denominados «fondos buitre» se realizó mediante concurso público y sin que exista en ningún caso «negligencia grave», habida cuenta de que contó con un plan de viabilidad financiera.

La resolución, firmada este mismo miércoles, rechaza el recurso pesentado por la EMVS –bajo el mandato de Manuela Carmena– sobre el valor por el que se vendieron 18 promociones de viviendas y, a su vez, atiende las alegaciones de Botella y sus concejales condenados en primera instancia. Como informó ABC, el fallo inicial condenaba a los miembros de la Junta de Gobierno que el 20 de junio de 2013 ratificaron el plan de viabilidad de la EMVS.

La sentencia afectaba a Botella y al responsable de la entidad ese año, Fermín Oslé. También al que fuera edil de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez; a la entonces concejal de Hacienda, Concepción Dancausa; al delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito; Dolores Navarro; Pedro Corral, concejal en el Ayuntamiento de Madrid en el anterior mandato; y Paz González, delegada de Urbanismo y Vivienda en aquella época. El Tribunal cifró entonces en 25,8 millones de euros el perjuicio que la venta ocasionó al patrimonio de la capital.

La EMVS de Ana Botella enajenó 8.844 inmuebles (2.956 viviendas, 3.842 garajes y trasteros y 46 locales) con estas operaciones. Del total, 1.860 públicas de 18 promociones, se vendieron a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por 128.500.000 millones de euros. Otros 34 pisos (de venta libre) se vendieron a Sociedades Avellanes Inversiones y Madrid Town Inversiones S.L. por 2.072.242 millones.

Estudiadas las alegaciones de los condenados y del Ministerio Fiscal, que no veía responsabilidad contable en la operación y no se adhirió a la denuncia del Gobierno de Carmena, el Tribunal de Cuentas considera ahora que no se puede imputar negligencia grave porque constaba un plan de viabilidad que no fue impugnado «de ningún modo». La sala, además, destaca la existencia de informes que «no cuestionan» la operación inmobiliaria ni dictaminaron en contra. Entre estos, incluso, constan del propio Ayuntamiento.