(04-12-14) No es un tema estrictamente pozuelero. Le roza de pasada. Pero lo considero importantísimo para la regeneración democrática de España y lo voy a comentar porque estoy convencido de que con esta reforma y la Ley de Transparencia, que entrará muy pronto en vigor, se habrá conseguido detener en gran parte la corrupción en España. Esa que tanto nos avergüenza y escandaliza porque aquí  algunos políticos roban y, en la práctica, no pasa nada. O, al menos, esa es la realidad que se percibe en la calle.

Lo he dicho aquí muchas veces. Y en esta misma columna. Incluso, hasta la reiteración y la pesadez. Cada vez que volvía a primera página el caso Gürtel, me quejaba. No se puede estar diez años instruyendo un caso. No se puede. Era injusto en sí mismo. Uno de los pilares de la Justicia es su pronta aplicación y se hace en todas partes menos en España. Y todo se debe a un garantismo judicial que se llevaba hasta lo absurdo. Los diputados de la Transición creyeron que contra las licencias procesales de la Dictadura había que oponer el garantismo de la Democracia. Pero se pasaron. Y más en los tiempos de la cibernética y la globalización.

Se acabó. Ahora, el Gobierno de España tiene previsto aprobar una reforma que agilizará los llamados macroprocesos para hacer posible instruir y juzgar los delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir, así, que los procesos se alarguen durante años. Una reforma que también fijará un plazo máximo de instrucción. No se puede estar media vida instruyendo una causa mientras los presuntos culpables hacen su vida tan ricamente.

Mañana, será aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) con un texto que pretende impulsar y agilizar los causas más complejas de ámbito penal que “se alargan durante años sin que parezca que llegue nunca el día en que se dicte sentencia y, por lo tanto, se imparta una justicia efectiva”, en palabras del ministro Catalá y que tanto daño ha hecho a la credibilidad de la propia Justicia.

Se hace en todos los países de occidente menos en España. Hay especialistas de derecho que, incluso, consideran a la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley de Salvamento Criminal por lo complicado que hace los procesos y las trabas que pone a la instrucción de los delitos.

Supongo que habrá partidos que pondrán el grito en el cielo. Es una reforma de la derecha. Incluso, creo que algunos irán más lejos y hablarán de legalidad o, quien sabe, si de conculcación de la presunción de inocencia. Pero no creo que se rompa ninguna de esas garantías. Más bien al contrario. Se trata de que imprimir agilidad y eficacia a las causas para dar a los ciudadanos la garantía de que el que la hace la paga y la paga pronto porque, en estos momentos, en la calle hay una gran sensación de impunidad con los corruptos.

Al parecer, la reforma agilizará, por un lado, los macroprocesos mediante la separación de las piezas, que podrán instruir otros jueces de forma separada pero coordinada con la causa principal. Y establecerá, por otro lado, un plazo máximo para la instrucción, de manera que se hagan compatibles las necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos.

También se regularán los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal que no tienen hoy ese soporte en nuestra legislación.

Se trata, por tanto, de una reforma de profunda importancia. No se podía abordar una nueva ley para adecuarla a las circunstancias actuales. Había que reformar y se reforma. La ciudadanía lo exigía.

No hacerlo sería cómo mantener casi la impunidad de los culpables de las grandes causas.