El pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional de Guipúzcoa emitía una sentencia en cuyo texto se determinaba que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Con ello se anulaba la aplicación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal), en los casos en que no haya un incremento de valor, es decir, cuando los terrenos o inmuebles se vendan con un valor menor al de compra.

La moción que presentó nuestro Grupo Municipal Ciudadanos en el Pleno Ordinario del pasado mes de marzo, que fue aprobada por mayoría con el apoyo del PP y que pedía la devolución del Impuesto de plusvalía municipal a los propietarios que no hubieran obtenido plusvalías con la venta de sus inmuebles, así como la modificación de la Ordenanza Fiscal que lo regula, adquiere carta de naturaleza después de los distintos fallos anulatorios que se están produciendo en numerosos Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Sevilla, Burgos, Madrid … son ciudades donde se han producido sentencias que anulan las liquidaciones del Impuesto y esto seguirá produciéndose porque los propietarios afectados comienzan a movilizarse e incluso sindicarse para contratar bufetes de abogados que les representen en sus demandas ante los ayuntamientos. Hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en lo relativo a la regulación estatal, la tendencia de los tribunales será resolver en contra de las liquidaciones practicadas por el ayuntamiento, siempre que no exista incremento en el valor del suelo.

Por eso nuestro Ayuntamiento tiene la obligación de invertir esa tendencia de los propietarios afectados de llevar a los juzgados sus demandas de cantidades que no tenían que haber ingresado, en base a la aplicación de una norma que ya sabemos viciada. Es necesario abortar el sistema actual porque, que sean muchos o pocos los contribuyentes que en las próximas operaciones tengan decrecimientos patrimoniales y aun así tengan que pagar, no es un argumento suficiente para mantener una obligación que no consiste ya en una contribución al sostenimiento de los servicios públicos, sino que pasa a ser una auténtica confiscación.

Por ello y hasta que no se modifique la Ley de Haciendas Locales, la Hacienda municipal de Pozuelo no debería exigir el ingreso de cantidades por un impuesto viciado y señalado como injusto. Eso de que paguen todos los contribuyentes y luego, en unos años, ya reconoceremos a los que no estaban obligados y les devolveremos lo cobrado indebidamente, no es propio de un sistema fiscal justo.

Miguel Ángel Berzal, Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos