La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón (Comunidad de Madrid) plaza número 7 investiga por un delito de falsificación de documentos públicos al secretario de Organización de Más Madrid (MM), Gabriel Ortega, por supuestas irregularidades en el proceso de primarias locales y autonómicas, según ha podido saber en primicia LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El juez Ignacio Candal Jarrín le ha citado a declarar el próximo 28 de octubre, así como a los otros dos imputados: Alessandra Romero Guijarro, concejal de Salud Pública, Consumo y Bienestar Animal de la formación en el ayuntamiento alcorconero y un trabajador de la Secretaría de Organización de Más Madrid.

El procedimiento penal nació este pasado verano a raíz de una denuncia que interpusieron varios militantes asegurando que se habría manipulado el censo de voto interno para favorecer que ganasen en las primarias las candidaturas afines a Mónica García.

Así sucedió, con la confirmación, el pasado julio, de que Manu San Pastor será el que opte a la alcaldía de Alcorcón y la ministra de Sanidad en funciones a dirigir la Comunidad de Madrid.

De hecho, la rival de San Pastor, Trinidad Castillo (teniente de alcaldesa de Alcorcón y portavoz de MM en el consistorio) y uno de sus asesores no pudieron participar en las primarias porque les han negado la condición de militante. Pese a que, al ser cargo público, su potestad para ostentar esta condición viene reconocida en los estatutos y reglamentos del partido.

Los afiliados acusaron a Ortega de ser el autor del supuesto pucherazo que habría ejecutado Romero sobre el terreno inscribiendo masivamente a personas con derecho a participar en la elección interna; organizando actos políticos simulados, y remitiendo la solicitud de validación de la participación, que es el material que sostienen que se ha fabricado.

En Alcorcón en particular, habrían conseguido inscribir de manera fraudulenta a 70 militantes y la candidatura ganadora de San Pastor obtuvo 90 apoyos. Frente a la rival (encabezada por Castillo) que perdió tras obtener 87 respaldos en las urnas. Por lo que, según la tesis de esta parte de la militancia de MM, la lista afín a la cúpula se impuso por solo tres votos, aun habiéndose cometido supuestos amaños.

Los denunciantes pusieron en manos de la Justicia la existencia de un mecanismo fraudulento de participación organizado para alterar el proceso de primarias internas mediante el control artificial del censo de participantes, determinando “de forma ilegítima” qué personas podían votar (derecho de sufragio activo) y qué personas podían presentarse como candidatas (ejercer el derecho de sufragio pasivo).

Dicho mecanismo se habría ejecutado mediante la creación y utilización de una herramienta digital de participación destinada a emitir certificados de militancia o afiliación.

Junto a la denuncia, aportaron documentación con la que afirmaron que podrían demostrar que esta herramienta no fue concebida como un “simple instrumento neutral de gestión interna”, sino para ser “un sistema susceptible de ser alterado, manipulado y falseado en función de las necesidades de la dirección, permitiendo modificar la condición de militante, la antigüedad, la capacidad de voto y la legitimación para concurrir como candidato”. Un sistema, por lo tanto, “que no ofrece garantías de funcionamiento”.

La herramienta de participación creada por la secretaría de Organización generó -según la militancia denunciante- “una apariencia formal de legalidad” sobre un proceso que según se observa de los hechos relatados “estuvo internamente manipulado”, afectando de manera directa al “funcionamiento democrático del partido y a los derechos de participación política de sus afiliados”.

Se muestran convencidos de que la finalidad real del sistema sirvió presuntamente para “controlar el cuerpo electoral de las primarias, condicionar el resultado del proceso y excluir o incluir personas según criterios ajenos a la legalidad interna y a la igualdad entre militantes”. Su sospecha es que lo implementaron en Alcorcón y otras agrupaciones madrileñas en las que temían perder frente a la lista no oficialista, próxima a la cúpula de MM.

La descrita no se refiere a un hecho aislado, sino una operación coordinada y organizada de “entrismo y falsificación, ejecutada por varias personas con capacidad orgánica de decisión, reparto de funciones y con una finalidad común”.

El objeto -denuncian- fue “manipular el proceso de primarias mediante falsedades documentales, alteración de datos informáticos y uso indebido de información personal”.

En base a ello, indican que los hechos deben relacionarse también “con la posible existencia de un grupo organizado cuyo objetivo es obstruir, coaccionar, falsear documentos y manipular el censo, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la militancia”.

“Toda esta operativa no habría sido posible sin la implicación por acción u omisión de una gran parte de la dirección del partido”, se llega a decir en la acción legal que impulsaron a la que tuvo acceso LA RAZÓN.