El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Alcorcón contra el protocolo para episodios de alta contaminación aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena (Ahora Madrid).

En el auto, fechado el 10 de febrero de 2017, el TSJM «aprecia la legitimidad» del Consistorio de Alcorcón para interponer dicho recurso contencioso-administrativo y da un plazo al Ayuntamiento de la capital madrileña «para que presente el escrito de contestación», según ha destacado el Ayuntamiento de Alcorcón en una nota.

Según fuentes municipales, esto quiere decir que el tribunal «entrará al fondo del asunto» para dictaminar si el nuevo protocolo se ajusta a las leyes medio ambientales y de circulación, ya que la limitación a la circulación «pudiera atentar contra los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española».

El nuevo protocolo anticontaminación presentado por el Gobierno de Carmena rebaja los niveles de polución a partir de los cuales se limita la velocidad, el aparcamiento, o el acceso de los coches al centro de Madrid.

Las quejas del municipio de Alcorcón se centran especialmente en el escenario 4, que amplía la restricción de circulación a la M-30 si se declara el nivel de «alerta» o se viven tres días seguidos de «prealerta», ya que la localidad está conectada con Madrid a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30.

Desde el Ayuntamiento entienden que dichas medidas contenidas en el protocolo actual de contaminación «originan un exceso no querido por la normativa a la hora de generalizar la restricción de la circulación a todos los vehículos sin que se discrimine a los vehículos más contaminantes».

Además, el Consistorio también expuso en su denuncia que la M-30, antigua carretera con titularidad estatal, «goza actualmente de la condición de carretera integrada en la red autonómica de carreteras» y que «es dudoso que una institución local pueda adoptar decisiones de modo unilateral, sin contar con el consentimiento del titular».

Por ello, desde el consistorio han asegurado que si finalmente el Ayuntamiento de Madrid aplicara la decisión de cerrar al tráfico de vehículos el acceso a la capital, «los perjuicios económicos de esta medida conllevaría ser indemnizadas por la Administración pública que la llevara a cabo».