La Comunidad de Madrid alegará ante la Junta Electoral para que tenga en cuenta, en la Ley de nietos, la última residencia acreditada en un municipio de la Región y no el “arraigo”
Isabel Díaz Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para reclamar que el censo electoral de la región solo pueda ampliarse con residentes en el exterior cuya última residencia acreditada documentalmente se encuentre en Madrid. La presidenta madrileña situó esta iniciativa en el marco de su denuncia sobre el modo en que el Gobierno central está aplicando la conocida como Ley de Nietos.
El anuncio lo realizó durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la región, después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de esta norma.
Ayuso reclamó que la instrucción que, a raíz de la resolución del Supremo, deberá dirigirse a las oficinas consulares establezca con claridad los criterios para determinar el municipio de inscripción de los nuevos nacionalizados. En concreto, defendió que se aplique exclusivamente lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 7.3.
La consecuencia, según explicó la presidenta, sería que únicamente podrían incorporarse al censo como electores desde el extranjero para las elecciones a la Asamblea de Madrid quienes acreditasen documentalmente que su última residencia estuvo en un municipio de la región.
La Comunidad rechazó así que se utilicen criterios distintos, como el concepto de “mayor arraigo” recogido en un acuerdo de la Junta Electoral Central relacionado con la Ley de Nietos. A juicio del Ejecutivo autonómico, se trata de un concepto indeterminado que entraría en contradicción con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
“La Comunidad de Madrid va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central”, anunció Ayuso, después de considerar “ilegal” la alteración del censo electoral que, según sostuvo, promovió el Gobierno central mediante la aplicación de esta normativa.
Presentaremos alegaciones ante la Junta Electoral Central: para votar desde el exterior en Madrid habrá que acreditar que la última residencia fue un municipio de la región.
Ni “mayor arraigo” ni ingeniería electoral.#DERMadrid2026 pic.twitter.com/aYnZfEQ0Rc
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 11, 2026
La presidenta madrileña ya había situado este asunto en el centro de su intervención durante la primera jornada del Debate de la región, después de que el Supremo suspendiera cautelarmente el voto de las personas que ya estaban inscritas en el CERA. En esta segunda jornada, Ayuso puso el foco además en el papel que deberán desempeñar las oficinas consulares y advirtió de que sus responsables no podrán incurrir en ninguna ilegalidad como consecuencia de posibles “presiones”.
Un equipo de trabajo desde diciembre de 2025
Ayuso comenzó a trabajar sobre este asunto en diciembre de 2025. Según explicó el Ejecutivo regional, en aquel momento la presidenta alertó a su equipo sobre las supuestas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la Ley de Nietos para modificar los censos electorales en beneficio del PSOE ante su pérdida de respaldo electoral.
La presidenta afirmó que llevaba meses recibiendo testimonios sobre la aplicación de la norma en embajadas y consulados españoles en el extranjero. A partir de esa información, el Gobierno regional constituyó un equipo de trabajo específico destinado a analizar la situación y preparar posibles respuestas jurídicas y políticas.
El grupo incorporó juristas, expertos en procesos electorales y voto exterior, exdiplomáticos y especialistas en análisis de datos. Entre sus tareas figuraron el estudio de posibles acciones judiciales y la supervisión de los expedientes de nacionalización que se tramitaron en el exterior.
El Ejecutivo autonómico también planteó la creación de equipos de voluntarios en aquellos países considerados más sensibles por el incremento de personal y la aceleración de los procedimientos.
Entre ellos situó Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.
Asimismo, el equipo siguió los contratos de externalización vinculados a la tramitación de estos expedientes, entre ellos el encargado a Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización.
La iniciativa anunciada ahora por Ayuso trasladó la disputa al terreno electoral: Madrid pretende que las futuras instrucciones dirigidas a los consulados delimiten de forma expresa quién puede incorporarse al censo madrileño desde el extranjero y que esa decisión quede vinculada a la última residencia acreditada, en lugar de recurrir a criterios abiertos como el “mayor arraigo”.
