La alcaldesa Tejero empieza a entrar en razón (o se lo han mandado) y hace el primer gesto de rectificación en la locura del polémico proyecto Recinto Ferial, Palacio de Congresos y Hotel

En política, rectificar no siempre es fácil. Y mucho menos cuando se gobierna con mayoría absoluta y después de haber anunciado proyectos con gran aparato mediático. Sin embargo, todo apunta a que la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Paloma Tejero ha comenzado a asumir una realidad que cada vez resultaba más evidente.
Y es que algunas de las decisiones adoptadas en los primeros meses de legislatura estaban conduciendo a su Gobierno y al PP de Pozuelo a un callejón político complicado. Demasiado tras algunas otras decisiones tomadas como el error de la Tasa de Basuras a destiempo y en su máxima cantidad aunque intentase rectificar el resbalón.
La nota de prensa del Gobierno municipal de ayer apunta precisamente en esa dirección. El Gobierno ha decidido (o se lo han mandado) retrasar las obras de la nueva zona de recreo junto a la carretera de Aravaca (M-508), un espacio pensado también para albergar el Recinto de las fiestas patronales, hasta que la Justicia se pronuncie sobre el recurso presentado por la asociación POZCAVIR.
A primera vista puede parecer una simple cuestión jurídico-administrativa. Pero en realidad se trata de un gesto político significativo. Muy significativo.
El proyecto, diseñado por el arquitecto pozuelero Martín Caballero tras ganar el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento en 2024 (y del que no se conoce el Acta del Jurado) preveía transformar un descampado municipal en una zona de ocio y actividades que sirviera, entre otras cosas, para acoger el recinto ferial durante las fiestas de septiembre.
El objetivo era mantener fuera del casco urbano los conciertos y eventos multitudinarios que durante años generaron problemas de seguridad y molestias a los vecinos del Centro de la ciudad.
Sin embargo, la iniciativa ha terminado envuelta en polémica tras la decisión de POZCAVIR de llevar el proyecto a los tribunales.
Ante la posibilidad de que el juez admita a trámite el recurso y acuerde la paralización cautelar de las obras una vez iniciadas (lo que podría comprometer todo el proyecto e, incluso, la propia celebración de las fiestas) el Gobierno ha optado por esperar.
En términos políticos, la decisión tiene lógica. Empezar las obras para verlas paralizadas pocas semanas después habría sido un escenario difícil de explicar a los vecinos.
Pero este paso atrás también refleja algo más profundo. La necesidad de introducir prudencia en una legislatura que empezó con demasiadas prisas.
No es ningún secreto que el actual equipo de Gobierno se ha encontrado con una situación económica mucho más complicada de lo que inicialmente parecía. Los agujeros presupuestarios heredados de la etapa de Susana Pérez Quislant han obligado a tomar decisiones difíciles para poder tapar tantas facturas impagadas.
Paloma Tejero llegó al Ayuntamiento con el reto de gestionar esa mala herencia y, en muchos casos, tapar los agujeros dejados por la anterior alcaldesa. Probablemente sabía que la situación no era sencilla, pero todo indica que el alcance real del problema era mayor de lo que se pensaba.
En ese contexto, embarcarse simultáneamente en proyectos ambiciosos (algunos de ellos muy discutidos) podía convertirse en una apuesta políticamente arriesgada.
El recinto ferial es uno de esos ejemplos. Pero no es el único. Otros proyectos como el Palacio de Congresos o el anunciado hotel adjunto también han despertado dudas entre vecinos y observadores de la política local y sería bueno que la alcaldesa le diese una pensada. Es otra locura y carísima y que esta ciudad no necesita.
Por eso, este primer gesto de prudencia puede interpretarse como el inicio de una rectificación más amplia.
En política, dar marcha atrás nunca es sencillo. Requiere hacerlo con cuidado, sin reconocer abiertamente errores pero introduciendo cambios graduales en la estrategia.
Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en el Pasillo del Infierno del Ayuntamiento de Pozuelo.
La alcaldesa ha decidido esperar, escuchar y evitar un conflicto judicial (ya sería el segundo tras Montegancedo) que podría complicar aún más su situación política y la del PP en esta ciudad en las próximas elecciones de 2027.
No es una solución definitiva, pero sí un primer paso hacia una gestión más prudente que tanto le falta a esta ciudad.
A veces, en política, gobernar también consiste en saber frenar a tiempo antes de entrar definitivamente en tierra de lobos.
Y en Pozuelo, quizás, ese momento ha llegado.
Es más, ya hay quién asegura que el Gobierno ya está estudiando un lugar alternativo.
Que los hay.
El Capitán Possuelo





