En España sigue habiendo Justicia. Y tras aquella incomprensible, por rápida (en menos de 24 horas), decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid dando la razón al Gobierno de Sánchez para que se mantuviera abierto el centro de recepción y atención de inmigrantes (CREADE) instalado por el Ministerio de Migraciones sin licencia municipal, la cosa ha cambiado…

Ahora, una resolución judicial vuelve a situar las cosas en su sitio, que no es otro que el de la prudencia jurídica. El centro podrá seguir abierto, sí, pero solo de forma cautelar. Y si el Ejecutivo quiere convertir esa provisionalidad en permanencia como dieron a entender en su brigada mediática, deberá recorrer de nuevo el camino de los tribunales.

Dicho de otro modo: En un Estado de Derecho no basta con querer, hay que poder… Y, sobre todo, hay que cumplir. Y este Gobierno es incumplidor y soberbio por naturaleza.

El auto judicial es claro en su doble vertiente.
Por un lado, mantiene de forma cautelar la apertura del centro mientras se resuelve el fondo del asunto.
Por otro, advierte al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de que, si pretende consolidar esa continuidad, deberá presentar un nuevo recurso contra la orden de cierre decretada por el Consistorio el pasado mes de septiembre.

Es decir, la permanencia del CREADE no está garantizada. No les vale su prepotencia monclovita.

Conviene recordar el origen del conflicto. El Ayuntamiento de Pozuelo ordenó el cierre de la instalación al constatar que el edificio (propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y autorizado para albergar a un máximo de 270 funcionarios) llegó a acoger a más de 400 inmigrantes y no cumplía con la legalidad vigente.

Ante esta situación, el Consistorio otorgó un plazo de cuatro meses para regularizar la actividad. La respuesta de este soberbio Ejecutivo fue recurrir la decisión municipal y solicitar medidas cautelares, que finalmente fueron concedidas en enero.

¿Quién osa contradecir al líder?

En la actualidad, según la versión oficial de Migraciones, la ocupación se ha reducido a unas 70 personas, en su mayoría mujeres ucranianas con hijos y beneficiarias de protección temporal, junto a mujeres de otras nacionalidades en situación similar. Versión que no es muy creíble. Basta con visitar los alrededores del edificio.

Sin embargo, el debate de fondo trasciende esas cifras y se centra en el modelo de gestión, la legalidad urbanística y, sobre todo, el respeto a la autonomía municipal.

Y, lógicamente, la pregunta sigue siendo sencilla: ¿puede un edificio autorizado para un uso concreto albergar a personas sin la correspondiente licencia municipal?

No. Y si el Gobierno lo consistiese estaría cometiendo prevaricación.

El Goierno hizo lo que debía y respondió como responden las instituciones que se toman en serio su función. Esto es, aplicando la norma, concediendo plazos y defendiendo sus competencias. Nada épico, nada estridente. Simplemente legalidad. Que, en los tiempos que corren, ya es bastante heroico.

Frente a ello, el Gobierno optó por la vía conocida: Demagogia, recurso, cautelares para ganar tiempo y relato victimista.

Pero ha pinchado en hueso pese a lo que parecía. Las leyes locales siguen siendo leyes que hay que cumplir.

El episodio del CREADE tampoco vive aislado. Forma parte de un clima más amplio en el que la gestión migratoria se ha convertido en campo de batalla entre administraciones. Muy sanchista.

Menores trasladados, competencias discutidas, regularizaciones masivas anunciadas. Mucho ruido de altura y, abajo, municipios que solo piden algo tan poco revolucionario como seguridad jurídica y planificación.

Y Pozuelo, ciudad tranquila por vocación y costumbre, observa todo esto con una mezcla de paciencia y humildad. Paciencia, porque sabe que los procesos legales tienen su ritmo. Humildad porque no es la primera vez que, desde lejos, la prepotencia toma decisiones pensando que aquí apenas habrá respuesta.

Se equivocan. La hay. Y con papeles en regla. Con la ley en la mano.

Y en esa resistencia serena hay una convicción que no necesita pancartas: la justicia termina llegando. No siempre rápido, no siempre con titulares, pero llega. Porque ningún poder es absoluto cuando existe ley. Porque ningún despacho, por alto que esté, puede convertir el deseo en derecho. Y porque las ciudades que creen en las normas rara vez pierden del todo.

En cualquier caso, aquí no se discute la acogida, se discute la legalidad. Se discute si el Gobierno de Sánchez puede saltarse las normas urbanísticas que exige al resto de ciudadanos, empresas e instituciones. Y la respuesta, por muy incómoda que resulte, debería ser no.

Quizá por eso, mientras el debate continúa en juzgados y ministerios, aquí persiste una calma especial. La calma de quien sabe que defender lo propio no es enfrentarse a nadie, sino respetarse a sí mismo.

La calma que da la confianza en la ley, ese guardián discreto que no lleva capa ni uniforme, pero mantiene el Estado de Derecho y la dignidad municipal.

Juan Manuel Sánchez