La decisión de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, de asumir directamente la concejalía de Seguridad tras la salida de su responsable por motivos personales no es liderazgo. Es una irresponsabilidad monumental que roza la temeridad institucional.

Estamos hablando de un municipio de casi 100.000 habitantes, con una Policía Municipal, un servicio propio de emergencias sanitarias (SEAPA), Protección Civil y coordinación permanente con otros cuerpos de seguridad. No es una concejalía decorativa, ni un área de trámite administrativo.

Es, probablemente, la concejalía más sensible de cualquier ayuntamiento, aquella de la que dependen vidas, tiempos de respuesta, prevención del delito y gestión de crisis. Esta no es una concejalía de adorno, ni un área para lucir fotos en redes sociales. Es la columna vertebral de la seguridad ciudadana. Y, aun así, se entrega a alguien sin la más mínima formación ni experiencia en el área.

Y, sin embargo, Pozuelo ha decidido convertirla en un experimento político.

La alcaldesa no tiene formación en seguridad pública, emergencias, protección civil ni gestión operativa policial. Tampoco trayectoria profesional relacionada con estos ámbitos. Su única herramienta será la intuición política, y eso, en seguridad, puede ser mortal. Esto no es una crítica personal: es un hecho objetivo. Y cuando se gobierna una ciudad de este tamaño, los hechos importan más que las intenciones.

No se trata de que un político tenga que ser policía o médico, pero sí de que entienda el funcionamiento de los sistemas complejos que dirige, y especialmente de que tenga experiencia en gestión de crisis, mando operativo indirecto y coordinación de servicios esenciales. Nada de eso existe aquí.

Lo más grave no es solo la falta de perfil técnico de la alcaldesa, sino que no existía ninguna necesidad real de que asumiera ella estas competencias.

El equipo de gobierno cuenta con 17 concejales, algunos de ellos sin áreas definidas o con carteras que apenas suponen carga de trabajo efectiva.

¿De verdad no había nadie que pudiera asumir esta responsabilidad?
¿Nadie con perfil más adecuado, más tiempo disponible, más capacidad para dedicarse a un área que exige atención constante y especializada?

Lo que se ha hecho no responde a una lógica de buena gestión, sino a una lógica de control político, centralización de poder y falta de confianza en el propio equipo.

Y aquí entra otro elemento aún más preocupante: los asesores del Ayuntamiento.

En un municipio de este tamaño, lo normal es que la concejalía de Seguridad cuente con asesores con experiencia acreditada en:

– Seguridad pública
– Gestión de emergencias
– Protección civil
– Coordinación policial
– Planificación de crisis

En Pozuelo, no hay ninguno. Ninguno con formación específica, ninguno con trayectoria profesional en cuerpos de seguridad, emergencias, sanidad operativa o gestión de riesgos. Ninguno preparado para asesorar decisiones que pueden tener consecuencias directas sobre la integridad física de ciudadanos y trabajadores públicos.

Esto significa que la alcaldesa no solo carece de perfil técnico propio, sino que tampoco tiene respaldo técnico cualificado, lo que deja la política de seguridad municipal en manos de improvisación, intuición política y decisiones administrativas desconectadas de la realidad operativa.

La seguridad no se gestiona con comunicados, fotos institucionales ni discursos de firmeza. Se gestiona con: planificación, conocimiento técnico, experiencia operativa, respeto a los profesionales y liderazgo especializado.

Nada de eso se construye de un día para otro, ni se improvisa desde un despacho.

Cuando una alcaldesa sin formación ni experiencia en seguridad asume el mando directo de Policía, emergencias y protección civil en una ciudad como Pozuelo, no está demostrando compromiso: está demostrando falta de respeto por la complejidad de estos servicios y por quienes los integran.

Una decisión política, no una solución

Este movimiento no resuelve ningún problema estructural. No mejora la gestión. No refuerza los servicios. No aumenta la profesionalización. Lo único que hace es tapar una crisis interna con una solución política de escaparate, a costa de convertir la seguridad ciudadana en un asunto secundario subordinado al control del poder.

Lo responsable habría sido:

– Nombrar a un concejal con perfil adecuado
– Rodearlo de asesores técnicos cualificados
– Abrir una etapa de fortalecimiento profesional real del área

Lo que se ha hecho es justo lo contrario.

Conclusión: una temeridad institucional.

La seguridad de casi 100.000 personas no puede depender de la curva de aprendizaje de una alcaldesa sin formación específica ni de asesores sin cualificación técnica. Esto no es liderazgo: es temeridad. No es valentía: es improvisación. No es responsabilidad: es negligencia política.

Pozuelo no necesita gestos de poder.
Necesita gestión seria, profesional y técnica.
Y hoy, lamentablemente, no la tiene.

Carlos Lázaro, de El Pueblo Existe