El Comité de Empresa del Centro de Coordinación 112 ha convocado huelga para los días 21, 22 y 24 de junio, con el fin de denunciar la «discriminación» que sufren respecto al resto de trabajadores de la Comunidad, el «favoritismo a cargos políticos» y el «deterioro» de este servicio. La Comunidad rechaza esta convocatoria, anuncia unos servicios mínimos altos y contradice a los sindicatos en todos los argumentos esgrimidos para la convocatoria de huelga.

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera Madrid) ha remitido un comunicado en el que se explican las razones de la huelga y lo que exigen para el futuro. Acusan a la gerencia del 112 de «no querer dialogar» y denuncian la «actitud caciquil» de la Comunidad cuando, según ellos, se les ha amonestado por no priorizar la atención de las llamadas de cargos políticos y la falta de formación en la nueva plataforma de Gestión de Emergencias.

Exigen la equiparación de sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores de la Comunidad y la dotación imprescindible de los medios humanos que garanticen la adecuada prestación del servicio, aparte de coberturas de bajas parciales y bajas permanentes.

Pedro J García, presidente del comité de empresa de Madrid 112 (compuesto por CC.OO, UGT, CSIT, USO y CNT), ha denunciado el deterioro de los servicios y la situación en la que se encuentran los trabajadores de Emergencias Madrid, «en un convenio a parte, que provoca que nos discriminen y que trabajemos los 365 días con vacaciones mal cubiertas». Respecto a una posible rectificación y a la desconvocatoria de la huelga, los sindicatos responden que «todo está en manos de la Comunidad», emplazando al gerente que medie para solucionar el conflicto.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha dado su versión, contradiciendo todos los argumentos que los sindicatos esgrimen para convocar estas huelgas: defienden que se «están cubriendo todos los puestos de trabajo vacantes», que la eliminación de 20 puestos que denuncian los sindicatos fue durante la crisis y con el anterior gobierno y que el nuevo sistema informático, del que los trabajadores dicen «no estar suficiente formados», es una evolución del anterior, sin coste y llevado a cabo por profesionales del sector.

También defienden que los trabajadores tienen una jornada de ocho horas con tres descansos y que el trabajador que más horas hizo el anterior ejercicio trabajó 1526 horas, cuando el máximo establecido por el convenio marca 1640. Respecto a la acusación de «actitud caciquil», la Comunidad informa de un único caso en el que «el trabajador no cumplió con el procedimiento de informar de todos los datos de los llamantes al jefe de sala, algo por lo que se le explicó el procedimiento» pero que terminó «sin amonestación».