El pasado 11 de junio entró en vigor la vergonzosa ley de Amnistía a los delincuentes del ‘procés’ (octubre de 2017) que aprobó Pedro Sánchez en pago a su investidura.

Hay que insistir en que media hora antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, Sánchez -y sus secuaces- abominaban de la ley de Amnistía, calificándola como inconstitucional y aseguraban que jamás se la concederían a los ‘indepes’ catalanes. Pero, qué causalidad, media hora después de esas elecciones, y necesitando los votos de ERC y Junts para poder ser investido, Sánchez ‘cambió de opinión’ y la ley de Amnistía ya le parecía perfectamente constitucional y la única manera de arreglar el supuesto conflicto político con los separatistas catalanes. Así de triste y vergonzoso.

El caso es que, desde entonces, se han beneficiado de la citada ley, borrando las penas y los delitos, un total de 102 personas de las aproximadamente 500 que calculó la Fiscalía.

Entre ellas, Josep Lluís Alay (jefe de la oficina de Carles Puigdemont), su escolta Lluís Escolà, el exconsejero de Interior Miquel Buch, así como la exalcaldesa de Figueres Marta Felip.

Pero a quien no se le ha aplicado es al protagonista de ese golpe de Estado, Carles Puigdemont, al que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputa un delito de malversación (por el ahorro que le significó organizar la consulta con dinero público, además de afectar a los intereses financieros de la UE) que, según la propia redacción de la ley, no puede ser amnistiado. Además, el juez Joaquín Aguirre ha pedido al alto tribunal que investigue a ‘Puchi’ por la trama rusa del ‘procés’.

Y este hecho ha enfadado mucho al Gobierno. Por ejemplo, el ministro Óscar Puente -la voz de su amo Pedro Sánchez- no se cansado de atacar al Supremo: “Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas”. “Yo lo que he hecho es una reflexión jurídica porque hay una cosa insoslayable y es que el tenor literal de la ley es claro y lo que el Supremo ha hecho es prescindir de ese tenor literal”.

A Puente le respondió la presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), Isabel Díaz Ayuso: “Hay demasiados escándalos todos los días, demasiados atropellos, impunidad, inversión de valores de la verdad. Es muy difícil llegar a todo. Pero no podemos acostumbrarnos a que los políticos estemos aquí para arremeter contra otras instituciones, contra los poderes propios de una democracia. En este caso, un poder como es el poder judicial. Estamos asistiendo a una destrucción absoluta de las instituciones para que llegue un momento en el que no se pueda acudir a ninguna”.

Y tiene toda la razón doña Isabel…

Pero no se apuren: la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional -por medio del socialista Cándido Conde-Pumpido y siguiendo órdenes de Pedro Sánchez- se encargará de amnistiar a Carles Puigdemont, enmendando la plana al Tribunal Supremo, una vez más. Aunque sus señorías progresistas del TC pretendan disimularlo, haciendo como que se ofenden porque toda España anticipa lo que van a hacer (consideran “imprudentes” las declaraciones de políticos “que pretenden anticipar nuestras decisiones sobre recursos que ni siquiera se han planteado”).

Señores del sector progresista del TC: no cuela. Acaban de perdonar los delitos cometidos en Andalucía, en el caso ERE, por socialistas como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. ¿Por qué? Por ser socialistas. No nos tomen por idiotas.

(Gentileza de Hispanidad-José Ángel Gutiérrez)