Cuesta encontrar entre los expertos un mínimo aval a la validez del pacto alcanzado, in extremis, por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios separatistas de Junts para transferir las competencias de inmigración a Cataluña. La mayoría de jueces, magistrados y fiscales apuntan a una «nulidad de pleno derecho» del acuerdo fraguado entre «dos grupos parlamentarios» para afectar «competencias exclusivas del Estado».

Así lo interpreta Eligio Hernández, quien fuera fiscal general con Felipe González, tremendamente crítico con la última «ocurrencia» del PSOE. Para el veterano jurista canario no sólo se trata de un «acto nulo» la cesión de ”una potestad, la extranjería, de la que sólo es titular el Estado central, por mandato constitucional” sino que, «si llegara a materializarse», supondría un «precedente muy peligroso» dado que la política migratoria «trasciende a nuestras propias fronteras» que lo son, además, «de la Unión Europea».

En el mismo sentido apunta Javier Borrego, ex magistrado del Supremo para quien «queda fuera de toda discusión que el PSOE, como partido, no puede sentarse a intercambiar competencias» –«siempre que sean intercambiables»– que le corresponde gestionar al Gobierno de la nación. Y, «en todo caso, el interlocutor legitimado para hacerlo tendría que ser el Ejecutivo de la Generalitat» de Cataluña. Cabe recordar, sin embargo, que el Govern no está en manos de Junts sino de sus competidores de Esquerra Republicana (ERC) que se han mostrado manifiestamente incómodos con la situación y, desde un primer momento, han tratado de rebajar el alcance real de la misma.

Para el catedrático Roberto Blanco Valdés dicho alcance es inexistente. El jurista gallego considera que el pacto «carece de todo valor jurídico» porque tan sólo el Gobierno queda «concernido» para poder alcanzarlo, «en ningún caso dos partidos políticos entre sí» que, en este caso concreto, “actúan como entidades privadas de relevancia pública“ de acuerdo con la doctrina establecida para las formaciones, según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Tan sólo «el Gobierno de la nación y a través de un Proyecto de Ley Orgánica», aprobado en el Congreso, podría cumplir una transferencia de potestades a una comunidad autónoma. Y no de forma ilimitada, sino sólo para las competencias permitidas entre la que «no están ni la materia migratoria ni la extranjería, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución».

«Claramente inconstitucional»

Y es, llegados a este punto, donde las voces más críticas con lo ocurrido han recordado cómo el propio TC ya dejó establecido, en la sentencia 31 dictada contra el Estatut de Cataluña, en 2010, que cualquier intento de atribución a la Generalitat de las competencias en materia de inmigración sería «claramente inconstitucional».

«Es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado», declaró la Corte de Garantías en contra del que aspiraba a ser el artículo 138.1 de la norma autonómica catalana.

Con un precedente tan contundente sobre la mesa, el futuro y eventual encaje de una Ley Orgánica concebida por el Gobierno socialista para cumplir lo pactado con Junts –a cambio de salvar su decreto ‘omnibus’ sobre la Justicia– quedaría seriamente comprometido. O, lo que es lo mismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría tener muy serios problemas para lograr el aval de un texto semejante ante el Constitucional, incluso bajo la mayoría de izquierdas que lo conforma y presidido por Cándido Conde-Pumpido.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)