Marin Eugene Sabau, “El pistolero de Tarragona”,  de origen rumano y de 46 años, ha fallecido este martes después de que le aplicaran la muerte asistida por petición propia.

Ha sucedido después de que el Consorcio Hospitalario de Terrassa (Barcelona) programara para este martes su eutanasia, que la Justicia autorizó al considerar que prevalece su derecho a la dignidad tras sufrir una lesión medular irreversible, frente al de la tutela judicial de las víctimas.

La Audiencia de Tarragona confirmó el pasado 4 de agosto el derecho de Sabau a recibir la eutanasia -avalada por la Comisión de Evaluación y Garantías de los procesos de muerte asistida-, al concluir que prevalecía su derecho a la “dignidad” frente al de la tutela judicial efectiva de las víctimas, que trataron sin éxito de paralizar el proceso hasta que se celebrase el juicio.

El 14 de diciembre de 2021, Marin Eugen Sabau, vigilante de seguridad de Tarragona, disparó a sus excompañeros y a un mosso después de que la empresa decidiera despedirlo por un conflicto laboral y por su “difícil carácter”, según pudo saber este diario por fuentes sindicales.

Tras disparar contra tres de sus jefes y herir a un mosso, el pistolero huyó y se atrincheró durante varias horas en una casa abandonada entre Riudoms y Maspujols (Baix Camp) llamada Mas Blau. Después de un intercambio de tiros con los miembros del Grupo Especial de Intervención (GEI) de la policía catalana, el pistolero cayó al suelo debido a las heridas recibidas en las piernas y pudo ser neutralizado.

Por los disparos, el acusado sufrió una lesión medular. La Comisión de Evaluación y Garantías que autorizó la eutanasia tuvo en cuenta que desde entonces padece tetraplejia, por la que precisa asistencia continuada y no puede recibir sedantes para el dolor a pesar de su estado El mes pasado, desde el hospital penitenciario donde está, el hombre pidió la eutanasia y debía tener lugar este 28 de julio, a la espera de que la Audiencia resolviera el recurso contra su decisión de autorizar la muerte asistida.

Las víctimas reclaman

El abogado del mosso d’esquadra herido, José Antonio Bitos, que ejerce la acusación en nombre del sindicato USPAC, cree que la eutanasia que hoy se ha aplicado a Eugen Sabau, antes de que pueda ser juzgado, debilita al Estado de Derecho y sienta jurisprudencia para otros delitos graves, como terrorismo o agresiones sexuales a menores.

Ha asegurado a Efe-TV que esta situación, más allá de afectar a la causa concreta por el asalto que en diciembre pasado protagonizó Sabau, permitirá a partir de ahora a los presuntos autores de delitos graves decidir “cómo y cuándo acabar con el procedimiento penal”, al terminar con su propia vida.

Bitos ha pedido que se impulse una “reformulación” bien estudiada de la actual Ley de Eutanasia, ya que considera que se aprobó “a toda prisa”, sin contemplar todos los supuestos, para que a partir de ahora prevea casos como la muerte asistida en casos de personas acusadas de delitos graves y que todavía no han sido juzgadas.

Los expertos plantean la posibilidad de restringir el acceso a la eutanasia en determinados casos, como el de este interno, que finalmente no será juzgado; pero lo ven «complicado» al estar este derecho vinculado a valores constitucionales de la máxima importancia.

Los elementos que chocan en esta causa son tanto éticos como jurídicos. Fuentes consultadas plantean un caso extremo qu vislumbra el posible problema. «¿Qué pasaría si en lugar de ese recluso hubiese pedido la eutanasia un interno acusado de terrorismo yihadista por un atentado con decenas de víctimas?», advierten.  Esta cuestión ha generado debate incluso entre los juristas, aunque entienden que se trata de una cuestión «ética» más que «jurídica», refieren las fuentes consultadas por este periódico.