El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su postura frente a Mónica García, ministra de Sanidad, y quiere que la región madrileña promueva la vida frente a un ministerio que, según su criterio, solo ofrece el aborto y la eutanasia como alternativa a aquellas personas con sufrimiento o sin grandes medios económicos.

Desde el gobierno regional aseguran que la idea es ofrecer alternativas viables para que puedan elegir con libertad y no vean en la eutanasia o el aborto como su única solución posible. Una falta de opciones que en Sol creen que va en contra de la deontología médica, cuyo fin principal es salvar y proteger cualquier vida.

“Ella solo habla de muerte”, apuntan fuentes del gobierno regional, quienes lamentan que la ministra no trabaje para ofrecer alternativas que permitan compaginar la enfermedad con una vida digna. Señalan el uso del Hospital Enfermera Isabel Zendal, utilizado ahora como centro de rehabilitación y cuidados para pacientes de ELA, como el gran ejemplo de la diferencia entre una propuesta y otra, con un foco en acompañamiento y atención continua en casos de enfermedades graves.

En el entorno de Ayuso critican que la gestión sanitaria del ministerio se haya centrado en facilitar la eutanasia, con propuestas como la presentación de un “manual de buenas prácticas” para agilizar estos procedimientos que Mónica García llevó al Consejo Interterritorial de Salud. Para el gobierno madrileño, estas iniciativas no responden a las preocupaciones reales de los ciudadanos, sino a una agenda que, en su opinión, prioriza el aborto y la muerte asistida por encima de opciones que fortalezcan la vida.

La tensión entre Ayuso y García ha sido particularmente visible en torno a la obligación legal de crear un registro de médicos objetores de conciencia ante el aborto, recogida en la Ley Orgánica 1/2023. Durante meses, la Comunidad de Madrid se negó a poner en marcha ese registro, alegando que podría estigmatizar a los profesionales que optan por no practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

El enfrentamiento llegó hasta los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó que se iniciaran los trámites para su creación. Finalmente, el gobierno madrileño ha dado ese paso, aunque fuentes regionales insisten en que lo hacen por mandato judicial y no por convicción propia. Desde la izquierda, incluida la ministra García, se ha celebrado la medida como un avance en la garantía del derecho al aborto en la sanidad pública.

Para Ayuso y su equipo, sin embargo, la prioridad debe ser dar respuestas integrales a las personas en situaciones límite, como ocurre con pacientes de ELA y otras enfermedades graves, no facilitar el acceso a la eutanasia ni hacer del aborto una política central. “Legal, seguro y poco frecuente”, repiten de forma constante fuentes del gobierno. Argumentan que fomentar alternativas reales de apoyo y atención tendría un impacto social más positivo y coherente con la defensa de la vida.

De este modo, el debate sigue abierto. Para el gobierno autonómico, el objetivo debe ser claro: promover una cultura de apoyo a la vida desde su inicio hasta su término natural, y ofrecer alternativas a las soluciones que, a su juicio, la izquierda  impulsa sin  atención a las consecuencias sociales y éticas. Y será sin duda un debate que durará hasta la campaña del 2027.