La Comunidad de Madrid iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno “los gastos en los que ha incurrido tras la acampada ilegal” en la Puerta del Sol, que se desalojó finalmente este martes.

Así lo anunció este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, después de la reunión que han mantenido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la nueva delegada Pilar Trinidad.

Todavía es pronto para concluir el impacto económico negativo de esta protesta, pero en el Consejo de Gobierno de este miércoles se ha analizado el impacto negativo en los comercios de la zona con pérdidas superiores a los 30.000.000 de euros. Asimismo, en la reunión mantenida entre Ayuso y los consejeros se ha puesto sobre la mesa el especial impacto que ha sufrido Metro, con 494.000 viajeros menos, lo que ha supuesto un coste económico superior a los 750.000 euros, teniendo en cuenta los menores ingresos y los mayores gastos de la acampada en concepto de refuerzo de seguridad y limpieza principalmente.

“Una vez evaluado esto les anuncio que iniciaremos un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamarle a la Delegación del Gobierno los gastos en los que ha incurrido la Comunidad de Madrid como consecuencia de una acampada ilegal durante 38 días”, adelantó el consejero.

Este procedimiento de responsabilidad patrimonial se suma a las dos denuncias interpuestas a diferentes instancias judiciales desde la Comunidad de Madrid contra la “inacción” de Francisco Martín al frente de la Delegación del Gobierno así como la denuncia presentada ante la Fiscalía por delitos de odio, entre otros, contra Ayuso por parte de los acampados. Martín dimitió la pasada semana pero el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento mantienen activas las vías legales abiertas.