El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha dimitido después de quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Martín Aguirre, según aseguran medios próximos al Gobierno, se sentiría desautorizado y vería incompatible su permanencia en el cargo.

Como delegado del Gobierno, Martín Aguirre ha mantenido amargas disputas tanto con el alcalde de Madrid como con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En junio de 2023, en una declaración que fue muy criticada, el ya exdelegado del Gobierno afirmó que Bildu había hecho más por la estabilidad y la gobernabilidad de España «que todos los patrioteros de pulsera juntos».
Finalmente, la lealtad a las alianzas del sanchismo no ha sido suficiente.

Otra de las polémicas más ásperas de Martín Aguirre como delegado del Gobierno ha sido la gestión de las protestas en la calle Ferraz tras la aprobación de la amnistía a los líderes del golpe de estado en Cataluña, protestas en su mayoría pacíficas que, más de una vez, terminaron con cargas severas y el empleo de material antidisturbios y gas lacrimógeno.

En el verano de 2025, Martín Aguirre se puso de lado de los radicales que hicieron imposible que la última etapa de La Vuelta a España se disputase con normalidad.
En aquella ocasión llegó a decir que estaba «orgulloso» del comportamiento de la ciudad de Madrid.

Actitud parecida ha mantenido desde finales del mes de septiembre, cuando las protestas por la vivienda derivaron en una acampada en la Puerta del Sol que se ha cronificado hasta el punto de ser un foco de insalubridad y delincuencia, como prueban detenciones como la realizada ayer de un hombre de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en el entorno de la plaza madrileña.

Antes que delegado del Gobierno, Martín Aguirre fue secretario general de la Presidencia (2021-2023), puesto en el que sustituyó a Félix Bolaños.

Se da la circunstancia de que Vox denunció a Martín Aguirre por su gestión de la acampada de Sol. Los de Santiago Abascal le acusan de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos, delitos por los que tendrá que responder, si la denuncia se admite, sin estar aforado al quedarse fuera de las listas.