La nueva crisis migratoria de Ceuta ya no es solo un problema de la ciudad autónoma. El Gobierno sanchista ha decidido repartir obligatoriamente por toda España a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que han llegado de forma masiva y, por tanto, el debate deja de ser nacional para convertirse también en local.

No es una posibilidad. Es una decisión política respaldada por una norma legal.

El Gobierno central ha sido claro. Las comunidades autónomas deberán cumplir la ley y asumir su tutela, alojamiento, escolarización, asistencia sanitaria e integración. Incluso advierte de posibles actuaciones de la Fiscalía contra quienes se nieguen a hacerlo.

Y una de las ciudades donde inevitablemente se encienden las alarmas es Pozuelo de Alarcón.
¿Y por qué?
Porque aquí está el CREADE.

Ese centro que el Gobierno de España convirtió en símbolo de su política migratoria y que el Ayuntamiento de Paloma Tejero intentó cerrar, iniciando una batalla judicial que todavía colea porque no se sabe en qué situación está.

Solo sabemos que ahora ese problema vuelve a situarse en el centro del tablero. Y es muy grave.
Sin embargo, en el Pasillo del Infierno del Ayuntamiento de Pozuelo reina un silencio absoluto.

¿Se encuentra el CREADE operativo para recibir a estos jóvenes?
¿Ha recibido el Ayuntamiento alguna comunicación del Gobierno de España o de la Comunidad?
¿Existe algún protocolo entre las administraciones?
¿Se ha convocado algún gabinete de seguimiento?
¿Hay alguien preguntando por esta situación o solo hay que hablar de las próximas Fiestas?

La alcaldesa está de vacaciones. Tiene derecho a descansar, como cualquier trabajador. Lo que no tiene derecho el Gobierno municipal es a desaparecer precisamente cuando puede producirse una situación que afecta directamente a los vecinos.

¿Quién está hoy al mando del Gobierno?
¿Ha mantenido alguien contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la Delegación del Gobierno o, simplemente, con Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la FMM?

La señora Piquet acaba de dar su opinión en un programa de televisión…

‼️ Pedro Sánchez no puede imponer a comunidades autónomas y ayuntamientos las consecuencias de una política migratoria que ha sido incapaz de gestionar. Si el Gobierno decide un reparto de menores, debe hacerlo con criterios objetivos, financiación suficiente y los recursos… pic.twitter.com/gclwy79WmN

— PP Alcalá de Henares (@ppdealcala) August 5, 2026

También sería deseable que preguntasen por la posición oficial del Partido Popular respecto a los municipios afectados y nos la contasen.

De hecho, parece que Génova ha suavizado su discurso y ha anunciado que las comunidades donde gobierna cumplirán la legalidad, aunque Ayuso no parece muy dispuesta.

Pero lo cierto es que todo se precipita.
El Gobierno de España ya ha anunciado millones de euros para financiar la acogida.

Pero en Pozuelo nadie parece considerar oportuno explicar cuál puede ser el papel del CREADE y cuál será la postura de su Gobierno.

Y eso sí preocupa.

Resulta llamativo que un Gobierno municipal que presumía de defender los intereses de Pozuelo frente al Ejecutivo central no haya considerado oportuno informar de si dispone de algún dato sobre esta nueva crisis migratoria o, sencillamente, que se encuentra preparado para dar respuesta al problema…

¿Ha recibido alguna comunicación oficial?
¿Sabe cuántos menores podrían llegar?
¿Existe un plan de coordinación con Policía Municipal, Protección Civil y los servicios sociales?
¿O, sencillamente, se enterará cuando los autobuses entren por la M-503?

La política consiste, precisamente, en anticiparse a los acontecimientos. No en reaccionar cuando ya es demasiado tarde, aunque a eso nos tengan acostumbrados.

Quizá finalmente no llegue ningún menor al CREADE. O quizá sí. Pero precisamente por eso los vecinos merecen algo más que silencio.

Y, sobre todo, merecen saber si alguien está gobernando Pozuelo o si, una vez más, todo queda confiado a que Dios proveerá…
Pero cuando terminen las Fiestas, eso sí.

El Capitán Possuelo