El socialismo madrileño tiene esta semana una nueva cita con la justicia por delitos relacionados con la prevaricación urbanística y ambiental. En este caso, se trata de Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio, a quien la Audiencia Provincial de Madrid sentará en el banquillo el próximo miércoles.

La mandataria socialista se enfrenta, junto a otros tres altos cargos municipales, a una petición fiscal de tres años de prisión y doce de inhabilitación.

La relevancia del caso no solo reside en la gravedad de los hechos tipificados por el Ministerio Público, sino en el foco político que inevitablemente se proyecta sobre su entorno más cercano.

La situación procesal de la regidora coincide en el tiempo con la atención mediática y política que rodea a su propia hermana, María Gertrudis Alcázar, figura de la máxima confianza en el entramado histórico de Ferraz y conocida por haber sido la secretaria de toda la vida de José Luis Rodríguez Zapatero.

En redes sociales se está viralizando una de las visitas del ahora imputado al municipio, adonde acudió por su estrecha relación con la familia de la alcaldesa.

Vaya, vaya… Aquí Zapatero en Velilla de San Antonio apoyando la candidatura de la hermana de María Gertrudis, la secretaria clave en la investigación de su red criminal. pic.twitter.com/Pg80jvM45B

— Juan (@juanLR_r) May 21, 2026

Los hechos que guían el escrito de acusación de la Fiscalía reflejan una supuesta dejación deliberada de funciones que se prolongó, al menos, entre 2019 y 2025. El origen de la pesadilla vecinal se localiza en el restaurante ‘El Casón de la Quinta de San Antonio’, ubicado en la calle María Zambrano.

Según el Ministerio Público, el local contaba con una licencia estándar de restauración desde 2006, pero carecía de cualquier tipo de autorización para explotar sus zonas exteriores.

Pese a la ilegalidad, los exteriores se convirtieron de forma sistemática en un salón de eventos al aire libre para bodas, bautizos y comuniones donde la música a gran volumen, el uso de pirotecnia y las aglomeraciones de personas eran la norma.

Las celebraciones, según los denunciantes, vulneraban de forma flagrante los horarios de la Comunidad de Madrid, extendiéndose con total impunidad hasta las cinco o seis de la madrugada.

Ante tal escenario, la acusación describe una absoluta pasividad por parte de las autoridades competentes. A lo largo de seis años, las llamadas a la Policía Local y las denuncias por escrito de los residentes fueron constantes, especialmente insoportables durante los meses de primavera y verano.

La respuesta de la corporación local que lidera Alcázar fue el inmovilismo. De la montaña de quejas formuladas, únicamente se llegaron a incoar cuatro expedientes sancionadores. Lo más grave es que todos ellos terminaron misteriosamente paralizados en los despachos del Consistorio, caducando sin que se dictase resolución definitiva ni se aplicara medida cautelar alguna para precintar la actividad ilegal.

Por todo ello, la Fiscalía acusa formalmente a la alcaldesa de saltarse a sabiendas la Ley del Suelo regional. Además de las penas de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de cargo público, la acusación exige una indemnización para los damnificados por los severos perjuicios sufridos. El banquillo espera ahora a la regidora, seguramente a su hermana y, por supuesto, al propio Zapatero.

La jaula de grillos socialista no tiene fin.