La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de la plusvalía municipal en toda España cuando la venta de un inmueble se produce en pérdidas (también afecta a donaciones, herencias y permutas) ha puesto en guardia a los ayuntamientos españoles.

Los previsibles cambios que se introduzcan en el impuesto afectarán inevitablemente en sus ingresos, aunque unos se verán a priori más afectados que otros.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) prevé dar luz verde en su Junta de Gobierno del próximo 30 de mayo a los informes que remitirá al Ministerio de Hacienda a modo de propuesta para “canalizar” la decisión del TC, según la institución que preside Abel Caballero y ha recogido El Independiente.

Con esos documentos, el Gobierno deberá elaborar una reforma del impuesto, algo que se plantea llevar a cabo en el marco de la reforma del sistema de financiación local.

Sin embargo, los principales ayuntamientos, Madrid y Barcelona, inscritos en las provincias donde según las estadísticas hay una mayor concentración de viviendas susceptibles de verse afectadas por el cambio de criterio y de una eventual aplicación de la sentencia con efecto retroactivo, ya han dado un paso al frente.

En la capital de España se insta a aclarar cuanto antes los cambios a introducir a nivel nacional y se avanzan posibles fórmulas para fijar un porcentaje de “incremento” anualmente. Desde Barcelona se ha reaccionado ya en la misma línea e incluso se pide ya compensaciones ante la previsible caída de la recaudación.

¿Y en Pozuelo cuál es la situación?

¿Cuánto dinero se ha recaudado de esas plusvalías declaradas ilegales?

¿De qué manera va a afectar a los ingresos del Ayuntamiento?

Bueno sería que empezasen a informar a los vecinos porque ya no hay excusas posibles.