Isabel Díaz Ayuso, en su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Madrid, advirtió que el contexto político actual presenta “momentos dificilísimos” para España y subrayó que, en su opinión, la mentira “se ha hecho ley”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño sostuvo que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez actúa de manera “profundamente antidemocrática”, y que, según su análisis, el país se enfrenta a riesgos graves derivados de la estrategia del Ejecutivo central.

Díaz Ayuso respaldó su postura señalando los resultados electorales en Castilla y León como un indicio del fin del llamado “sanchismo”, afirmando que “está terminado”.

Atribuyó este desenlace a un deseo generalizado de la ciudadanía por un cambio político en España. En palabras de la dirigente, “todos queremos un cambio. Se pongan como se pongan, hagan lo que hagan, uno ha de entender en democracia que cuando un proyecto político ha acabado, por más que mienta, retuerza, manipule y haga, hay que tener el punto de honor y la humildad de reconocer que se ha acabado”.

Ayuso criticó las estrategias del actual Gobierno, asegurando que Pedro Sánchez lleva a cabo todo lo necesario para aferrarse al poder. Afirmó que estas acciones no se realizan, a su juicio, por el bien del país ni por un interés común, sino que responden a motivaciones particulares. Y explicó que, bajo su perspectiva, algunos actores políticos buscan evitar consecuencias judiciales y otros persiguen el control del poder en sí mismo.

La presidenta madrileña utilizó la expresión “estrategia de la carcoma” para describir las acciones que, desde su visión, emplea el Gobierno central. Explicó que el propósito de estas maniobras consiste en colonizar las instituciones del Estado y consolidar una presencia progresiva de su influencia.

En el cierre de su intervención, la dirigente del PP de Madrid alertó sobre las consecuencias que podría acarrear, en su opinión, el mantenimiento de la actual estrategia gubernamental.

Y sostuvo que las prácticas “antidemocráticas” generan una erosión institucional que podría traducirse en “consecuencias graves para el país”.