La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones a la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, un expediente que oficializó el pasado mes de octubre el Ejecutivo central a través del Ministerio de Política Territorial y en el que se incluyen la antigua cárcel de Carabanchel y la tapia del cementerio de la Almudena.

El Gobierno madrileño sostiene que la pretensión del departamento que dirige Ángel Víctor Torres, iniciada a instancias de varios colectivos memorialistas, “vulnera” las competencias autonómicas en materia de Patrimonio a través de una interpretación “sesgada” de la historia del edificio.

Además, defienden que no concurren los requisitos exigidos por la ley de Memoria Democrática de 2022 para esta declaración, reclaman el archivo del procedimiento y anuncian una reforma legal para “reforzar la protección” del edificio como sede de la Comunidad. “Vamos a utilizar todos los resortes legales a nuestro alcance para intentar parar esta barbaridad”, avisan.

VIDEOS. La Real Casa de Correos de Madrid, sede de la Presidencia del Gobierno regional, ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno central. El Gobierno regional anuncia que utilizará todos los mecanismos legales de los que dispone para que no se invadan sus… pic.twitter.com/0cUBjRqlAE

— lacronicadelhenares (@lacronicadelhe3) November 25, 2024

El Ejecutivo autonómico recuerda que el inmueble ubicado ahora en el número 7 de la Puerta del Sol ha sido oficina central de Correos, testigo del levantamiento del pueblo madrileño en mayo de 1808 y ha albergado las sedes de la Capitanía General, el Gobierno Militar y del Ministerio de Gobernación, “incluso bajo el Gobierno del Frente Popular”, remarcan.

En el imaginario popular, agregan, se asocia a las Campanadas de Año Nuevo y al ‘kilómetro 0’ de las carreteras radiales del país. Y es por todo esto que critican que el ministerio solo se atenga al hecho de que el edificio albergó la Dirección General de Seguridad del régimen de Francisco Franco entre 1939 y 1979, una etapa en la que desempeñó “un papel central en la represión” de la dictadura franquista en la que empleó la tortura como “práctica habitual” para extraer información a los detenidos y a la oposición a la dictadura, según se hizo constar en el expediente de incoación de la declaración.

El malestar del Gobierno de Díaz Ayuso lo ha plasmado la Consejería de Presidencia en un escrito de alegaciones que ha enviado a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática dependiente del Ministerio de Política Territorial.

El documento, de acuerdo con la información trasladada por el Ejecutivo, expone que la declaración iniciada por el Gobierno “vulnera” las competencias autonómicas en materia de gestión y defensa de su patrimonio, así como el funcionamiento de una institución de autogobierno, que consideran “atacado” por este proceso. También se afea que el Estado “ha actuado con una total falta de lealtad institucional” al no haber comunicado a la Comunidad un asunto “tan relevante” antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

“El ministerio interpreta de forma sesgada la historia, toda vez que un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio”, se manifiesta. A la par que se defiende que “no concurren” los requisitos legales para tal declaración, de lo que se infiere que el Ejecutivo de Díaz Ayuso podría acabar llevando a los tribunales el expediente si no son atendidas sus alegaciones.

La Comunidad insiste en defender al edificio que alberga su sede desde hace prácticamente cuatro décadas como “un símbolo de concordia y reconciliación de todos los españoles”, argumenta que la declaración que pretende el Gobierno central “desvirtúa su valor histórico y su papel como casa de todos los madrileños” y se arroga la obligación de “proteger y preservar” el significado y el uso actual del edificio.

Por ello desde el Gobierno madrileño se avanza que el grupo parlamentario del PP en la Asamblea va a presentar “próximamente” una enmienda a la ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. A través de una proposición de ley, lo que harán los ‘populares’ será incorporar un nuevo capítulo en esta norma para “reforzar la protección” de la Real Casa de Correos “como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos los madrileños”.