El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra once apartados de ocho artículos de la Ley estatal de Vivienda que entró en vigor en 2023.

El Gobierno madrileño reprochaba en su recurso “la invasión” de las competencias autonómicas y municipales, así como los artículos en los que la ley declara las zonas de mercado tensionado y obliga a los grandes tenedores a informar sobre las viviendas que tienen en esas zonas.

Tras este pronunciamiento, el Ejecutivo estatal ha reclamado a las comunidades autónomas que apliquen la ley: “Harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”.

El pleno del Constitucional resalta en la sentencia que el legislador estatal “goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros”.

El texto del alto tribunal subraya que el Estado “actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de ‘todos los españoles’ a ‘todos los ciudadanos'”, por lo que incluye a los extranjero residentes en España.

Asimismo, confirma la constitucionalidad del artículo 8 de esa ley, por lo que ratifica que la vivienda puede ser configurada como un derecho subjetivo y que el legislador estatal tiene potestad para definir quiénes son sus titulares, bien en régimen de propiedad o en alquiler.

La Comunidad de Madrid anunció en julio de 2023 su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esos once apartados se extralimitaban e invadían las competencias del Ejecutivo regional en materia de vivienda.

El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, criticó entonces la excesiva regulación por parte del Estado del derecho a la vivienda, de la normativa en materia sobre protección pública o de la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.

Según el Gobierno madrileño, la ley nacional invadía competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Para el Gobierno central, la decisión del tribunal respalda “el rigor jurídico de la norma”, así como los mecanismos de intervención del mercado para preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación.