Dice una voz popular que, en política municipal, hay momentos en los que las cañas se vuelven lanzas sin que se sepa cómo ni por qué aunque casi siempre por torpeza política. No por épica medieval, desde luego, sino por esa tozuda costumbre de los tribunales de leer la letra pequeña cuando la propaganda de la autoridad competente (pero desnortada) ya ha descorchado el champán.

Y eso, precisamente, es lo que empieza a ocurrirle a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, la siempre optimista Paloma Tejero, que ve cómo la Justicia comienza a poner sordina y algo más a determinados proyectos urbanísticos estrellas llamados a cambiar el paisaje y, quizá, también el relato político.

Ni siquiera la indigente político-cultural Susana Pérez Quislant se atrevió a abrir el melón del desarrollo urbanístico de Montegancedo. Y mucho menos los anteriores alcaldes. Pero Paloma Tejero se lanzó cuesta abajo y sin freno ante la promesa de unas cuantas viviendas públicas para familias numerosas…

Le pusieron el cebo y picó… Qué gente más lista, oye…

Ahora, la última escena de este serial administrativo llega desde la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y esa última escena dice, con la elegancia sobria de las resoluciones judiciales, que no. Que no se levantan las cautelares que se habían pedido seguir construyendo. Que el bosque de Montegancedo, de momento, se queda cómo está.

Vamos, que el intento conjunto del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, de la promotora Aedas Homes y de Pryconsa por reactivar la urbanización no prospera.

“Nothing at all”, que diría Macarena. Que no, ea, que no…

Y, bromas aparte, no es un detalle menor. Hablamos de 69 hectáreas de pinos y encinas, un pulmón verde sobre el que planeaban 1.050 viviendas de alto standing. Una Nueva Finca.

Nada que sorprenda, por cierto, en una ciudad donde los perros, dicen, se atan con longaniza. Pero la Justicia les ha recordado algo incómodo para algunos ya que antes de construir conviene medir las consecuencias.

El tribunal hace suya la tesis de quienes pidieron la paralización, entre ellos la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, apoyándose en informes botánicos y en los análisis del GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) que, curiosamente, tiene su sede en Majadahonda. Vamos, que conoce la zona.

La conclusión suena casi poética si no fuera jurídica: Si las obras continúan y luego la sentencia da la razón a los ecologistas, ya no habría nada que proteger. Sindéresis en estado puro.

El bosque desaparecería, las aves rapaces también, y la naturaleza, que no entiende de recursos de apelación, no sabría cómo volver atrás.

Pero hay más. Mucho más. La ausencia de una evaluación ambiental clara en la tramitación del proyecto se convierte en protagonista silenciosa de la resolución.

No porque el tribunal afirme todavía su ilegalidad definitiva, sino porque esa carencia impide calibrar el impacto real. Y en la balanza entre naturaleza y negocio, la duda pesa del lado verde.

Dice otra voz popular: Cuando no sabes cuánto daño puedes causar, lo prudente es no causarlo. Causa de la causa siempre será causa del mal causado.

Tampoco ha convencido la oferta económica de casi cinco millones de euros como caución para levantar la suspensión. Porque, viene a decir la Sala, el dinero podrá compensar retrasos pero no resucita encinas ni devuelve vuelos a las rapaces.

Hay frases judiciales en la sentencia que deberían enmarcarse en madera. Reciclada, claro.

El resultado final incluye, además, la imposición de costas a los apelantes. Traducido del latín procesal al castellano de bar quiere decir que, además de perder, les toca pagar.
Aunque eso es lo de menos. En el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón el dinero público no es de nadie y nadie va a reclamar por unas perrillas más o menos…

Pero lo importante es la pregunta del millón de euros:

¿Qué significa todo esto políticamente?

Quizá aún no sea una derrota estratégica de cara a las próximas elecciones pero sí una señal. Una de esas luces amarillas que advierten del peligro de gobernar a lo loco. Porque gobernar no consiste solo en anunciar futuros brillantes sino en atravesar presentes llenos de informes, normativas y jueces poco sensibles al entusiasmo urbanístico.

Y es que Pozuelo vive desde hace dos años en ese delicado equilibrio entre ciudad-jardín y tentación inmobiliaria de precios asequibles. Y ya han empezado a caer resoluciones judiciales que protege un trozo de verde…

Pero vendrán más.

De momento, Montegancedo resiste. Los pinos siguen en pie, las aves continúan sobrevolando la locura administrativo y la política de la alcaldesa Tejero suma un nuevo capítulo donde, como decía al principio, las cañas empiezan a parecerse peligrosamente a lanzas políticas…

Y más en año preelectoral…

El Capitán Possuelo