El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de la Comunidad de Madrid y ha establecido jurisprudencia pionera sobre la impugnabilidad de las comunicaciones estatales de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Tal como adelanta OKDIARIO, esta sentencia cierra un litigio que comenzó en marzo de 2020, cuando el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (PP) decidió acudir a los tribunales para reclamar 53,64 millones de euros que consideraba indebidamente recortados de las previsiones iniciales para el ejercicio 2019.

La resolución, firmada por el magistrado Juan Pedro Quintana Carretero a finales de 2025, revoca la inadmisión decretada por la Audiencia Nacional en julio de 2022. El alto tribunal ordena retrotraer las actuaciones para que se examine el fondo del asunto, abriendo así la vía para que Madrid pueda defender sus pretensiones sobre aquella discrepancia financiera.

Fuentes jurídicas consultadas subrayan que en el caso en cuestión puede no haber efectos prácticos, ya que el Ejecutivo de Sánchez finalmente entregó el dinero que quería hurtar a los madrileños. Sin embargo, para el futuro estamos ante una resolución clave del Supremo de cara a otros pleitos futuros de Sol con Moncloa. Precisamente Ayuso está pendiente de recursos como los de la condonación de la deuda catalana, las resoluciones sin quórum en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o, en otro orden de cosas, la Ley de eficiencia judicial conocida como Ley Bolaños o decretos educativos.

El conflicto que ahora resuelve el Supremo se remonta al verano de 2018. El 31 de julio de aquel año, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades autónomas las previsiones provisionales de entregas a cuenta para 2019. Madrid recibió entonces una estimación de 14.485,77 millones de euros.

Con esa cifra en la mano, el Ejecutivo regional, que entonces era de Partido Popular y Ciudadanos, elaboró el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2019. La Ley 9/2018 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid se aprobó tomando como referencia aquella comunicación ministerial.

Sin embargo, la tramitación presupuestaria estatal naufragó. El Gobierno no presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre de 2018, incumpliendo como sucede ahora el mandato legal. Ante la prórroga presupuestaria, el 10 de enero de 2019 Hacienda comunicó a Madrid un nuevo importe: 13.752,86 millones de euros, 733 millones menos que lo anunciado.

La situación empeoró cuando el proyecto de Ley de Presupuestos fue rechazado en el debate de totalidad del 13 de febrero de 2019. Durante todo ese ejercicio, Madrid ingresó mensualmente la doceava parte de los 13.753 millones del régimen de prórroga.

El giro llegó el 11 de octubre de 2019. La Secretaría de Estado de Hacienda comunicó una tercera cifra: 14.432,12 millones de euros. Esta cantidad, aunque superior a la de prórroga, resultaba inferior en 53,64 millones a la estimación inicial de julio de 2018 con la que Madrid había confeccionado sus cuentas.

El mismo día se aprobó el Real Decreto-ley 13/2019 para regular esta «actualización extraordinaria» en situación de prórroga presupuestaria. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), envió una carta a la ministra María Jesús Montero solicitando explicaciones. La respuesta del 29 de octubre atribuyó la diferencia al «ejercicio a la baja de las competencias normativas realizadas por la propia Comunidad que, entre otras medidas, rebajó la tarifa del tramo autonómico del IRPF para 2019».