Estimado director:

Entusiasmado porque El Correo de Pozuelo haya abierto un debate público sobre un tema tan importante para esta ciudad como es la seguridad (ojalá cunda el ejemplo) me he atrevido a intervenir en él para aportar mi granito de arena.

Y es que la reciente dimisión del concejal Manuel Moreno por motivos personales ha dejado vacante una de las áreas más sensibles del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: la Seguridad. Y la respuesta de la alcaldesa, Paloma Tejero, ha sido inmediata al asumir directamente las competencias sobre Policía Municipal, SEAPA y Protección Civil.

La decisión, lejos de pasar desapercibida, ha encendido, como digo, un intenso debate político y ciudadano en El Correo de Pozuelo, algo que, conviene decirlo desde el principio, resulta saludable. Porque pocas veces las cuestiones verdaderamente importantes (como quién dirige la seguridad de una ciudad) salen del perímetro cómodo de los despachos municipales para discutirse abiertamente en la esfera pública.

Hay argumentos a favor.
Quienes respaldan el movimiento de la alcaldesa lo interpretan como un gesto de responsabilidad directa, una forma de garantizar estabilidad inmediata en un área estratégica tras una dimisión inesperada. En esa lectura, que la máxima autoridad municipal asuma el control no sería una anomalía, sino la expresión más clara de liderazgo político en un momento delicado.

Pero también hay críticas.
Otras voces ven en esta concentración de competencias un síntoma de fragilidad interna o, incluso, el riesgo de avanzar hacia una gestión excesivamente personalista de la seguridad. No porque la alcaldesa carezca de legitimidad (que la tiene), sino porque una ciudad como Pozuelo, por dimensión y complejidad, exige estructuras políticas sólidas y estables, no soluciones provisionales prolongadas en el tiempo.

El debate, por tanto, no es menor.
Y quizá lo más relevante sea que por fin se está produciendo en público, con posiciones diversas y argumentos contrapuestos. Exactamente lo que debería ocurrir con cualquier decisión que afecte a la seguridad colectiva. La democracia local también consiste en eso: discutir lo esencial antes de que los hechos lo impongan.

En este contexto, quiero añadir un elemento jurídico significativo:
El artículo 19 del Reglamento de la Policía Municipal de Pozuelo.

Un artículo, como pueden ver, que establece que el Cuerpo se constituye bajo la superior autoridad y dependencia directa del alcalde o concejal en quien delegue, añadiendo que ninguna otra autoridad, concejal o funcionario puede disponer del personal o servicio policial.

Esta norma abre dos lecturas.
Por un lado, refuerza la legitimidad formal de que la alcaldesa asuma el área.
Por otro, subraya la enorme responsabilidad política y operativa que conlleva esa decisión, precisamente porque concentra la autoridad última en una sola figura institucional.

De ahí que el debate no deba cerrarse en falso ni diluirse en consignas.
Al contrario, sería deseable que los portavoces de todos los grupos municipales participaran abiertamente en esta conversación pública, aportando su visión sobre el modelo de seguridad que necesita Pozuelo.

Incluso, la propia alcaldesa podría enriquecer el diálogo explicando en este periódico si esta asunción es transitoria o responde a una estrategia política de mayor alcance.

Porque, en última instancia, la cuestión no es quién firma los decretos sino qué rumbo toma la seguridad de la ciudad.

Y cuando se habla de seguridad, el silencio nunca es buena política…
Pero el debate abierto, sí.

Juan Pozuelo