Ayuso elogia el trabajo de la Cámara de Cuentas regional (en su XXV aniversario), mientras Leguina (su presidente) dice que sigue siendo miembro del PSOE pese a Sánchez
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid cumple su XXV aniversario y la Real Casa de Correos acogió este jueves un acto conmemorativo en el que asistieron, entre otros, el actual presidente de este organismo y exmandatario madrileño, Joaquín Leguina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elogiado el “trabajo decisivo” de la Cámara de Cuentas regional velando por la legalidad y el control de las finanzas públicas para conseguir una Administración más transparente y eficaz, con autonomía e independencia de los sucesivos gobiernos y diferentes composiciones de la Asamblea de Madrid.
“Las administraciones tenemos la obligación de ofrecer una información clara y fácilmente accesible”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico en un acto conmemorativo del XXV aniversario de este órgano celebrado en la Real Casa de Correos.
Leguina, por su parte, fue el encargado de cerrar el acto con una breve intervención que concluyó con una escueta frase cargada de significado: “Yo sigo siendo miembro del PSOE gracias a un juicio que le gané a Pedro Sánchez”.
El pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid falló que la dirección del partido vulneró el derecho de asociación del expresidente autonómico al expulsarle del partido en 2022, revocando así una resolución judicial anterior que había avalado la actuación de la cúpula de Ferraz.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se creó en 1999, y desde entonces ha emitido más de 450 informes de todo el sector público madrileño (Administración regional, entidades locales, fundaciones, universidades, etc.), 34 de ellos el año pasado.
La Asamblea de Madrid renovó en diciembre de 2023 su composición, paralizada desde 2018, y eligió presidente a Joaquín Leguina, que se incorporó al cargo en abril del año siguiente. Esta reforma incluyó a los consorcios y las fundaciones adscritas a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, que desde entonces pasaron a formar parte del ámbito de fiscalización de la Cámara.
