El 17 de enero llegó. Y pasó. Pasó sin sobresaltos en el CREADE de Pozuelo, sin llaves girando en la cerradura, sin clausura efectiva y, sobre todo, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpliera lo que la ley y el Ayuntamiento habían ordenado. Otra fecha más arrojada al cubo de la propaganda. Otro plazo convertido en chiste administrativo. Otro episodio de ese manual no escrito que Moncloa maneja con soltura: resistir, recurrir y agotar.

Ahora la culpa se la echan a los tribunales. El juez es el que no ha decidido sobre el cierre definitivo y hay que esperar. No quiero pensar mal. No quiero. El juez tendrá sus argumentos para no decidir pero el CREADE sigue abierto sin reunir las condiciones que la ley exige.

Y eso me lleva a hacer preguntas:
Si el centro no tiene los requisitos que exige la ley, si no tiene seguridad y si sus instalaciones no son las adecuadas ¿por qué sigue abierto?

¿Sigue abierto, acaso, porque el Gobierno ha decidido que la ley es flexible cuando estorba y que los municipios gobernados por el PP son terreno de experimentación?
¿Acaso Pozuelo, en concreto, se ha convertido en el conejillo de Indias de una política migratoria improvisada, opaca y profundamente irresponsable?
¿Por qué no toma la decisión correspondiente?

Conviene recordarlo, aunque a algunos les moleste: el CREADE no tiene licencia para alojar personas de forma prolongada. Nunca la tuvo. Es un centro formativo con permisos muy concretos, con un límite de 150 personas en estancias puntuales. No es un centro residencial. No es un macroalbergue. Y, desde luego, no es un espacio adecuado para acoger, de manera masiva y continuada, inmigración irregular ni menores en situación de especial vulnerabilidad.

Y, aun así, el Gobierno lo ha utilizado como tal. Primero con la excusa de Ucrania. Vale. Los refugiados ucranianos llegaron el 10 de marzo de 2022. Había que ayudar. Huían de la guerra.

Aún quedan algunos. Luego, como el arroyo Meaques pasa por Pozuelo, Sánchez cogió agua y mandó a otros que no venían de ninguna guerra. Mal por el Gobierno de Pozuelo que, entonces, no le paró los pies. Ya se sabe que a Sánchez le das la mano y coge el brazo. Y más tarde, como para este señor (encerrado en Moncloa) todo el monte es orgasmo, amagó con enviar a 400 menores no acompañados. Por si colaba. Y no coló.

Y es que no se puede hacer todo a las bravas como le gusta a él. Todo sin diálogo institucional, sin coordinación y sin el más mínimo respeto a la legalidad urbanística ni a los vecinos de Pozuelo.

Lógicamente, el Gobierno de Pozuelo hizo lo que debía. Inspeccionó. Comprobó. Actuó. Orden de cierre “definitivo”. Cuatro meses de plazo. Tiempo suficiente para reubicar a las personas alojadas. Tiempo razonable. Tiempo legal. Pero llegó el Gobierno y, cómo no, presentó recurso. En el último minuto, como los malos estudiantes preparan el examen. Solicitó cautelares. Ganó tiempo.

Sánchez sabía que el 17 de enero era solo una fecha en el calendario y que pasaría como pasan sus promesas electorales: sin consecuencias.

Ningún juez decidiría sacar a 125 personas sin recursos del CREADE. Y de los 400, ya hablaríamos… El tiempo lo ablanda todo.

Y el edificio sigue funcionando en una especie de limbo jurídico.
Con una licencia que no ampara esa actividad. Con sospechas de obras para adaptar espacios sin cobertura legal.
Con instalaciones pensadas para formación temporal convertidas en dormitorios improvisados.
Y con la amenaza latente de introducir menores en un espacio donde la ley prohíbe compartir estancias con adultos inmigrantes irregulares.

Lo más llamativo es el silencio del Ministerio de Elma Saiz. No hay plan B. No hay alternativa. No hay explicación. “Sin novedades”, dicen. Una forma elegante de reconocer que el Gobierno no piensa cerrar nada y que confía en que el tiempo, los tribunales y el cansancio hagan el trabajo sucio.

Pero en Pozuelo no hay cansancio. Hay hartazgo. Y hay determinación. El rechazo es absoluto porque no es ideológico, es legal. Porque aquí no se discute la acogida, se discute el atropello.

Porque aquí no se cuestiona la solidaridad, se denuncia la imposición. Y porque convertir un centro sin licencia en un enclave permanente de la política migratoria estatal es una temeridad que alguien tendrá que frenar.

Aunque a Sánchez eso le trae sin cuidado. En Pozuelo no hablamos catalán.

Ahora la pelota está en el tejado judicial.
Una cautelar decidirá, cuando toque, si el cierre se ejecuta o se congela durante meses. Justo lo que busca el Gobierno.

El 17 de enero no cerró el CREADE, poco importa lo demás.

Juan Manuel Sánchez