El 20 de noviembre de 2025 quedará grabado como un hito en la crispación política española. El Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, imponiéndole una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación.

La sentencia, dictada por mayoría (5-2), desató una tormenta en las filas de la ultraizquierda y el PSOE sanchista, que interpretaron el fallo no como un acto de justicia, sino como un “golpe judicial” orquestado por “jueces políticos” y vestigios franquistas.

En X, la red social que amplifica las pasiones, estalló una oleada de comentarios incendiarios, con acusaciones de prevaricación y llamadas a la movilización callejera.

El PSOE sanchista, leal al líder Pedro Sánchez, no tardó en cerrar filas.

Desde Ferraz, respaldaron a García Ortiz calificando la condena de “decepcionante” y “sorprendente”, argumentando que genera “más dudas que certezas”.

Un tuit del partido resumió su visión: “Ganan las canas, pierde la verdad”, aludiendo a magistrados “viejos” y conservadores que, según ellos, priorizan agendas ocultas sobre la equidad (@AfelioP)

El Gobierno, en shock, habló de “indefensión” y un “mazazo” inesperado, con el ministro Félix Bolaños exigiendo respeto moral para discrepar del fallo (@pegasusQ2004)
Sánchez, en un discurso velado, aludió a amenazas a la democracia que “cambian de forma”, evocando sombras del pasado.

La ultraizquierda radicalizó el discurso. Podemos, aliado clave del sanchismo, denunció un “golpismo judicial” puro: “El Supremo quiere quitarse de en medio a García Ortiz. Ha condenado a un inocente”, tuiteó un portavoz, acusando al tribunal de actuar por motivos políticos (@eldebate_com)

Sumar, por su parte, arremetió contra un “partido de las togas”, equiparando a los jueces con una mafia conservadora (@democrata_info)

Los socios independentistas y comunistas no se quedaron atrás. En un post viral, un líder de izquierda radical clamó: “El Estado está corrupto y secuestrado por un poder golpista con el Rey a la cabeza”, proyectando sobre la monarquía y el Poder Judicial sus propios fantasmas de 2017 (@okdiario)

Periodistas afines como Antonio Maestre hablaron de “erosión” institucional, advirtiendo que el Supremo “está jodido” por tensar la “goma” hasta romperla (@AntonioMaestre)

La indignación trascendió las redes y desembocó en las calles.

El 23 de noviembre, cientos se concentraron frente al Supremo en Madrid y en plazas gallegas como Santiago de Compostela, donde García Ortiz trabajó 18 años.

Gritos de “No es justicia, es golpe de Estado”, “Tribunal Supremo, dimisión” y “Se é fascista, non é xustiza” resonaron, con pancartas de “Stop al golpe de Estado”.

En A Coruña, una manifestación “multitudinaria” contra la “sentencia injusta” que atenta “contra los derechos y la democracia” reunió a simpatizantes que veían en el fallo un asalto al progresismo (@quincemil15000)

Activistas llamaron a “toda la izquierda” a movilizarse para que García Ortiz regrese como fiscal, incluso proponiendo a Baltasar Garzón –condenado por prevaricación– como relevo.

Estos comentarios golpistas no solo deslegitiman al Supremo, sino que revelan la intolerancia de la ultraizquierda ante la independencia judicial.

Acusar de “fascismo” a una sentencia motivada por pruebas –la filtración de datos sensibles a la pareja de Isabel Díaz Ayuso– huele a lawfare invertido: usar el victimismo para erosionar pilares democráticos. Mientras Sánchez busca un “golpe en la mesa” con un nuevo fiscal “progresista”, la brecha se agranda (@JoseLopezBnitez)

En X, la rabia sanchista confirma que, para ellos, la justicia solo vale si absolvía.

España merece más que una izquierda golpista…
Y menos después de lo que dijo este farsante:

La hemeroteca vuelve a atizar a Sánchez: “Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan”, decía en 2018https://t.co/tsndYjECYU pic.twitter.com/0B6OkT3DZq

— Vozpópuli (@voz_populi) November 21, 2025

El Atalayero