Los ayuntamientos de toda España afrontan en las últimas semanas un crecimiento acelerado de impugnaciones contra las liquidaciones de la nueva tasa de basuras. Contribuyentes, asesores fiscales e inspectores advierten de que este fenómeno podría desembocar en una avalancha de litigios similar a la que, hace años, provocó la anulación de la plusvalía municipal.

Aquella situación se prolongó durante un largo periodo y supuso un serio quebranto para las finanzas locales; ahora, muchos temen que la historia pueda repetirse. Si las reclamaciones prosperan, los municipios se verían obligados a devolver importantes sumas y podrían enfrentarse a agujeros presupuestarios de magnitud millonaria.

En este contexto, uno de los procesos más avanzados es el recurso que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado contra la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.

A diferencia de otras reclamaciones, que cuestionan liquidaciones concretas, este recurso impugna directamente la ordenanza fiscal que crea la tasa, lo que permite un trámite más ágil. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha cerrado gran parte de la instrucción y se encuentra en fase de conclusiones.

Aedaf presentó su escrito hace unos días y, tras el plazo de diez días que tiene el Consistorio para responder, el asunto quedará listo para sentencia. Se prevé que el fallo llegue a principios de año. La capital se juega cerca de 300 millones de euros, lo que convierte este litigio en uno de los más relevantes en materia tributaria local.

La importancia del recurso se explica no solo por la cuantía en disputa, sino también por su carácter singular: es, en principio, el único de su especie en toda España. A partir de 2026, podrán impugnarse igualmente las modificaciones de las ordenanzas que regulen la tasa, siempre que se presenten dentro de los dos meses siguientes a su aprobación.

Aedaf ya acumula varios éxitos judiciales frente a Hacienda, entre ellos la anulación de determinados modelos del IRPF, la recuperación de la posibilidad de presentar la declaración en papel por parte de los mayores —el Gobierno rectificó más tarde mediante un Real Decreto-ley— o la obligación impuesta a la Agencia Tributaria de publicar los criterios de los bonus que reciben los inspectores. Los contribuyentes que hayan recurrido su liquidación dentro del mes que marca la ley, antes de que sea firme, podrían beneficiarse si el TSJM decide tumbar la tasa madrileña.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado cambios en la tasa para 2026. La vigente para 2025 establece que el 81% de la cuota depende del valor catastral del inmueble, un criterio que puede resultar vulnerable jurídicamente porque la Ley 7/2022 exige que estas tasas respondan al “pago por generación”, es decir, al nivel real de residuos que genera cada contribuyente.

En Madrid, ese componente apenas representa el 19% del recibo y se calcula según el grado de separación de residuos en cada barrio y el número de habitantes.

Otros municipios de la Comunidad de Madrid están tomando decisiones distintas. Leganés ha anunciado que no aplicará la tasa, lo que podría enfrentarlo al Estado. Alcobendas también se planteó no imponerla, aunque finalmente ha aprobado unas ordenanzas que la contemplan.

La obligatoriedad de esta tasa para municipios de más de 5.000 habitantes no deriva de exigencias europeas, sino de una imposición del Gobierno central.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local sostiene que el Ejecutivo intenta atribuir a Bruselas una medida que la UE no exige y asegura que la nueva tasa supone un incremento de la carga fiscal local que puede llegar al 40%.

Recuerdan que la Directiva europea de 2018 sobre residuos no obliga a crear una tasa específica y que la mayoría de los países miembros no la han implantado. España, única en hacerlo, ha desarrollado la norma con una técnica legislativa que consideran deficiente y sin directrices claras, lo que ha generado una notable inseguridad jurídica y ha llevado a muchos a bautizar la tasa como “la segunda plusvalía”.

Los inspectores alertan de un déficit cercano a los 2.000 millones de euros en los servicios municipales de residuos. Para 2025, los presupuestos prevén un gasto de 5.325 millones frente a unos ingresos de 3.488 millones, lo que implica una cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100% obligatorio.

Ante la posible oleada de reclamaciones que se avecina, temen que numerosos ayuntamientos se enfrenten a severos problemas financieros si los tribunales dan la razón a los contribuyentes.

Tras décadas en las que existían pautas claras y consolidadas para regular estas tasas, los municipios se enfrentan ahora a un escenario de criterios dispares que, previsiblemente, los tribunales autonómicos resolverán de forma desigual mientras se espera una doctrina unificada del Tribunal Supremo.