Recientemente, pudimos leer la noticia de una diputada del Partido Popular que dimitía al descubrirse la falsedad de su currículum. Parece ser que había fingido algún tipo de titulación académica de la que carecía. No era una diputada cualquiera, pues estaba bien posicionada como la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Su fotografía en los tendidos de sombra de la plaza de Las Ventas durante la feria de San Isidro, arrimando el hombro al de Núñez Feijóo, es tan reveladora como desconcertante.

Debe decirse, en primer lugar, que le honra a esta mujer su respuesta inmediata al descubrirse la travesura. No obstante, el postureo y la sobreactuación de quienes destacan la ejemplaridad de la reacción desvían la atención sobre el verdadero problema de la cuestión. El asunto de fondo es otro.

La cuestión es que a quienes forman parte del poder legislativo en este país se les debiera exigir una mínima formación intelectual. Ya sabemos que las titulaciones académicas expendidas por universidades españolas tienen un valor bastante relativo, pero algo es algo. Se me dirá que contamos con múltiples ejemplos de personas que no culminaron sus estudios académicos y, sin embargo, acreditaron excelentes méritos profesionales.

Ahí están los ejemplos de Bill Gates, de Amancio Ortega o de Ramón Areces. No es el caso del pimpollo que nos ocupa. A su tierna edad solo le ha dado tiempo de ser concejala de Fuenlabrada, diputada en la Asamblea de Madrid y luego diputada en Cortes. Tremendo recorrido para alguien que no ha tenido tiempo de estudiar ni muestra experiencia profesional alguna.

El problema de fondo, insisto, radica en la política de recursos humanos del Partido Popular, una organización cada vez más poblada por ‘barbies’ cuyas competencias profesionales brillan por su ausencia. Obsérvese la alta tasa de incidencia del tinte que se ve entre sus filas. Se dijera que forman un ejército de clones caracterizadas por su melena artificial, su vacuidad intelectual y su inconsistencia política. Todas se expresan igual y repiten miméticamente las mismas consignas. Para diferenciarse compiten en una carrera por alcanzar la ocurrencia más tonta.

No es que entre los hombres de los partidos políticos no haya idiotas. Al contrario, se observan en la misma proporción que entre la población femenina. Lo que ocurre es que, como no se tiñen de rubio, no se ven afectados por el estigma de la rubia tonta. Pasan más desapercibidos.

Una echa de menos aquellas mujeres de rompe y rasga que ataño ocupaban puestos de responsabilidad en el Partido Popular. Me vienen a la cabeza figuras como Loyola de Palacio, Esperanza Aguirre, Rita Barberá y, por supuesto, María San Gil. Cualquier comparación resulta lacerante. Pero la nostalgia es un ejercicio inútil, pues todo parece indicar que el nuevo Partido Popular 2.0 se ha vaciado de talento. Ahora todo es postureo y ocurrencias.

Viene todo esto al hilo de la portada del último número del panfleto de propaganda delicuescente llamado Vive Pozuelo. Tras el penoso espectáculo de la rifa de viviendas para jóvenes del número anterior, nuestra particular barbie forastera nos obsequia con rebajas en la célebre y abusiva tasa de basuras.

En un ejercicio de desvergüenza ideológica informa de una rebaja del 30% en la tasa de basuras para los jubilados. Debe ser que nuestra alcaldesa forastera no lee la prensa, pues, de hacerlo regularmente, sabría que, desde 2008, los jóvenes españoles han visto deteriorado su poder adquisitivo en un 11%. Todas las franjas de edad correspondientes a los españoles en activo han visto reducidas sus rentas en términos de paridad de poder de compra.

Por el contrario, el poder adquisitivo de los jubilados se ha visto incrementado durante el mismo periodo en un 6,5%. Por si alguno no lo sabe, recuerdo que los españoles cotizan, de media, lo suficiente para recibir una pensión de jubilación durante diez años. Sin embargo, la gente tiene por costumbre vivir unos veintidós años adicionales tras jubilarse. El exceso corre a cargo de una deuda que crece desmesuradamente y cuyos efectos catastróficos recaerán sobre los hombros de una generación cuya renta media es inferior a la de las clases pasivas.

Ante esta realidad, nuestra ‘barbie’ local ha decidió ejercer de poder redistribuidor de la renta imponiendo una tasa de basuras selectiva, tan absurda como abusiva, a los que trabajan y producen. Ahora se verán beneficiados los jubilados, a los que les aliviará la carga. Pensemos que muchos de los multimillonarios y rentistas con que cuenta nuestro municipio cuentan con más de 65 años, por lo que se verán agraciados por la reducción de su gravamen.

No queda ahí la cosa, pues podemos leer en el panfleto consistorial que la modificación de la tasa “consigue bajar en un 30% los recibos más altos”. No hace falta ser muy perspicaz para comprender que los recibos más altos habrían de corresponder, por lógica, a todas esas mansiones que pueblan las urbanizaciones de lujo de nuestro municipio.

En Pozuelo de Alarcón acabamos de inventar el concepto de la redistribución inversa: la clase media y trabajadora subsidiará a los más poderosos. Todo un ejercicio de creatividad política a la altura del municipio más rico de España.

Por supuesto, la medida es tan ilegal como inconstitucional, ya que, a estas alturas, alguien debería saber en nuestro flamante Ayuntamiento que una tasa es la contraprestación por un servicio prestado por los poderes públicos a sus ciudadanos. Cuesta creer que la recogida y tratamiento de la basura de un multimillonario jubilado cueste un 30% menos que la de un sufrido contribuyente de clase media o trabajadora.

Este es el partido que se postula para revertir la herencia progresista de Pedro Sánchez, el mismo partido que nos mortifica a los pozueleros con estos personajes tan siniestros como prescindibles.

Juana Pozuelo