El Ayuntamiento de Madrid volvió ayer a cargar contra la tasa de basuras. José Luis Martínez-Almeida calificó de «gran mentira» que Europa haya impuesto ese recibo y exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez su derogación. Según la argumentación del Partido Popular, la figura estaba prevista en una directiva comunitaria, pero «no era de obligado cumplimiento», por lo que -sostienen- fue el Gobierno quien decidió incorporarla.

El alcalde lanzó el mensaje durante la presentación de la campaña del PP sobre la tasa de basuras en Madrid, un acto en el que intervinieron también el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo. En ese marco, Almeida defendió que el Consistorio ha reclamado al Ejecutivo central que derogue el impuesto para ahorrar a los madrileños los 140 euros que, «de media», aparecen en los recibos.

Desde el 10 de abril de 2025, todos los municipios españoles con más de 5.000 habitantes están obligados a implantar una tasa específica para la gestión de residuos urbanos, en cumplimiento de la Ley 7/2022 y alineada con una directiva europea adoptada en 2018. Esta norma responde al objetivo comunitario de reciclar al menos el 55% de los residuos municipales para 2025, y busca asegurar que los servicios de recogida, transporte y tratamiento de basuras se sufraguen de manera íntegra con recursos de cada ayuntamiento, bajo el principio de «quien contamina, paga».

En el caso de Madrid, la instauración de la tasa supone el retorno de un pago que había desaparecido hace más de una década y se basa en un cálculo que mezcla el valor catastral de la vivienda, la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de basuras en cada distrito.

Aunque la ley estatal exige la tasa, deja margen a los consistorios para su diseño concreto, lo que en Madrid ha generado críticas sobre la equidad del reparto y un intenso debate acerca de su justificación y aplicación.

El regidor enmarcó el debate en dos ideas. La primera, que Europa no obliga; la segunda, que el PP no respaldó la norma estatal que habilitó la tasa. «La segunda mentira de la izquierda», dijo, es que los populares apoyaran la medida. «El Partido Popular no votó a favor de esta ley en el Congreso de los Diputados y además presentamos una proposición no de ley que instaba a la derogación de la tasa de basuras que tampoco fue aceptada por nuestros adversarios políticos».

Según señalan los populares, el Ayuntamiento ha intentado ajustar la aplicación del tributo desde su primer año con cambios ya previstos para 2025: se considerará el número de personas en la vivienda y se ampliarán exenciones. La tasa, añadieron, se fijó con «parámetros razonables» y con la intención de introducir la «menor inseguridad posible», dentro de una regulación estatal que -siempre de acuerdo con su tesis- deja amplio margen a los consistorios.

Almeida aprovechó para reivindicar su política fiscal. Recordó que el PSOE «ha subido los impuestos a los españoles “más de 75 veces” desde 2018» y aseguró que, en Madrid, «a lo largo de los últimos años, y con la quinta bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que acordamos en la última Junta de Gobierno, hemos ahorrado 1.280 millones de euros a los madrileños y los madrileños pagan 238 euros menos».

Además, garantizó que la capital tendrá el IBI al tipo «mínimo legal» antes de finalizar la legislatura: con el objetivo, según el regidor, de que la capital no se convierta en un «infierno fiscal»