La declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha causado un fuerte choque entre los ejecutivos de Sánchez y Ayuso, además de opiniones muy dispares: desde la indignación del gobierno regional hasta el aplauso del ala socialista.

Aunque hay una opinión que es muy importante escuchar: la de Joaquín Leguina, el primer y último presidente regional del PSOE. Una figura clave en que la Real Casa de Correos se convirtiera en 1985 en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue quien aceptó la propuesta de José Barrionuevo, ministro del Interior durante la etapa de Felipe González, de dejar el pasado del edificio atrás y devolvérselo a los madrileños.

“Barrionuevo lo quiso así por la historia tras la guerra”, cuenta Leguina en conversación telefónica con Vozpópuli, ya que se convirtió en un sitio “de torturas y muerte”. Por ello, por el ejercicio de dejar el pasado atrás que se hizo durante la Transición, el expresidente se muestra harto con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sobre la Real Casa de Correos: “Dejadla en paz ya”.

Leguina considera inconcebible “meter un edificio del siglo XVIII en la represión franquista”, dado que fue un periodo de la rica historia del edificio. “Sí, lo mancharon los franquistas, pero no puedes dejar marcado un edificio así para siempre por ello”, afirma el expresidente regional.

El expresidente regional no solo se muestra contrario a la aplicación de la ley sobre la Real Casa de Correos, sino que se muestra contrario a la Ley de Memoria Democrática como tal. “Se olvida que hubo muertes en los dos lados”, afirma, olvidando por ejemplo “los asesinatos masivos en el Madrid republicano en Paracuellos”. Por ello, cree necesario “olvidarse ya de todo esto” y dejar atrás el guerracivilismo en España.

Leguina también cree que la ley obvia que durante la Guerra Civil, la milicias republicanas conocidas como checas utilizaron el edificio para hacer exactamente lo que después, durante la dictadura, hizo la Dirección General de Seguridad: torturar opositores, algunos “simplemente por el hecho de ser curas”. Por ello y por el trabajo que se hizo para resignificar el edificio, ve mal el intenso interés del Gobierno por colocar una placa conmemorativa.

Considera que esta aplicación de la ley vulnera los intereses de la Ley de Amnistía que se aplicó durante la Transición con el objetivo de dejar atrás el franquismo y lograr la reconciliación de los españoles. “Se aministiaron también a asesinos republicanos, que desgraciadamente fueron muchos”, destaca Leguina.