(Ayer, en la redacción de El Correo de Pozuelo se recibió un escrito en el que se narran hechos muy graves en el seno de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón y lo publicamos (tenemos razones de peso para ello) con el único fin de preguntar si el Comisario Antolínez y la alcaldesa Tejero tienen algo qué decir ante estos presuntos atropellos)

Estimados redactores/as:

Me dirijo a ustedes de forma anónima por temor a posibles represalias, pero con la firme convicción de que los hechos que aquí expongo deben salir a la luz. En el seno de la policía municipal de Pozuelo de Alarcón se está produciendo una situación muy grave que afecta directamente a tres mujeres policías y que pone de manifiesto un posible abuso de poder y trato discriminatorio por motivo de género por parte de un subinspector del cuerpo (J.A.P.).

Este mando, con un historial cuestionable y una reputación interna muy controvertida, ha sido denunciado en tres ocasiones distintas por tres mujeres agentes, cada una por comportamientos que reflejan un patrón de acoso, fiscalización desproporcionada y trato vejatorio.

Hace más de un año, una agente solicitó autorización para ausentarse unas horas con motivo de una comida de jubilación de un compañero. Pese a que varios policías —en su mayoría hombres— acudieron al mismo evento, únicamente a esta agente se le abrió un expediente disciplinario, promovido personalmente por el subinspector.

El motivo formal fue una supuesta “incorrecta tramitación” del permiso, aunque el fondo de la cuestión fue un agravio comparativo evidente. Se presentaron denuncias internas por ambas partes, pero la Jefatura decidió no profundizar, dejando el asunto en un punto muerto.

El segundo caso es considerablemente más grave. Otra agente fue objeto de acoso continuado por parte del mismo subinspector, un hombre de gran complexión física (ex judoka profesional y de 190 cm de altura), que mostraba una actitud intimidatoria constante hacia una agente de complexión menuda.

La agente sufrió gritos en despachos y pasillos, humillaciones públicas y miradas amenazantes, generando un clima de miedo y tensión insostenible.

Cuando la policía intentó detener la situación, el acoso se intensificó, lo que finalmente le provocó una baja médica prolongada por estrés. Durante su ausencia, el subinspector bromeaba abiertamente sobre el tema delante de compañeros, minimizando su sufrimiento.

Tras reincorporarse la agente en julio, presentó formalmente una denuncia interna ante el Comisario. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida, pese a la gravedad de los hechos y la existencia de testigos.

En octubre se conoció un tercer caso, protagonizado por una oficial del cuerpo. El subinspector habría iniciado con ella una fiscalización exhaustiva e injustificada de su trabajo, sin que existieran quejas previas sobre su desempeño.

La situación se extendió incluso fuera del horario laboral, con el envío de mensajes y audios de WhatsApp en tono amenazante, advirtiéndole de supuestas consecuencias por su “mala gestión”.

Esta presión constante provocó cuadros de ansiedad y estrés en la oficial, que finalmente decidió denunciar los hechos ante los responsables jerárquicos.

No se trata de incidentes aislados. Este subinspector imparte clases en el IFISE (academia autonómica de policías locales), donde también protagonizó un altercado con varias alumnas. El incidente fue conocido por el personal de la academia, que tuvo que intervenir, aunque no trascendió ni se investigó oficialmente.

A lo largo de su carrera, este mando, conocido por sus escasas habilidades sociales y su bajo desempeño laboral, ha acumulado episodios de negligencia y mala praxis que nunca se han depurado:

Como monitor de tiro de la plantilla, se le escapó un disparo en una práctica, pasando la bala entre la cabeza de dos alumnos, sin que se abriera investigación alguna.

Tras aprobar la oposición a Oficial, abandonó el curso obligatorio de ascenso sin justificación, lo que supuso su expulsión del curso y la no aprobación completa de la oposición. Sin embargo, repitió el curso al año siguiente sin consecuencias, gracias, según muchos compañeros, a sus contactos personales.

Pese a la acumulación de denuncias y antecedentes, la jefatura no ha actuado con la diligencia ni la transparencia que el caso requiere. Casos mucho menos relevantes han dado lugar recientemente a la apertura de expedientes disciplinarios inmediatos, mientras que este mando parece contar con una protección especial.

(Aquí había una alusión personal a dos personas y una especulación sobre su relación para justificar la falta de respuesta institucional al problema que nos hemos permitido quitar porque no venía al caso)

Ante la creciente presión, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una comisión de investigación que, según diversas fuentes, parece más un gesto mediático que una medida real para resolver la situación.

Sin embargo, en lugar de separar al subinspector de sus funciones o del entorno de las denunciantes, el Comisario ha decidido apartarlo de las funciones que desempeñaba en la unidad de jefatura y reubicarlo en su turno de origen, donde coincide con la agente que estuvo de baja por acoso.

Esta decisión ha sido recibida como una nueva muestra de desprotección y mala gestión, y ha incrementado la sensación de impunidad dentro del cuerpo.

Por todo lo expuesto, solicito a este medio que investigue estos hechos. No se trata de un conflicto personal, sino de una situación de acoso de género, abuso de poder e inacción institucional dentro de un cuerpo policial.

Varias mujeres del cuerpo están viviendo un calvario, mientras quienes deberían garantizar un entorno laboral seguro miran hacia otro lado.

Redacción