El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener “numerosas diligencias pendientes de resolver”.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar “a partir del 16 de octubre de 2025”, es decir, podría extenderse hasta mediados de abril de 2026, cuando se cumplirían dos años de la apertura de la investigación.

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza –porque todos los delitos mencionados están conexos– y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo, “estando pendiente de tomarse las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones”.

Peinado señala que, entre las diligencias pendientes, está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el Máster de Transformación Social Competitiva, que codirigió Gómez, “en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias”.

Así como que los agentes le informen, agrega el juez, sobre “los repositorios aportados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, habiéndose dado traslado a la UCO”.

El instructor espera igualmente que la Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon EU le remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos “en relación con los correos asociados a los dominios del máster”, para su “posterior análisis” por los investigadores de la Guardia Civil.

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También está pendiente –apunta– de que por Presidencia del Gobierno le comunique las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Ejecutivo desde el 11 de julio de 2018, así como “las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a Cristina Álvarez, así como que remitan copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada a Gómez”.

Asimismo, indica que falta por resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias realizadas para comunicarles de que, en caso de ir a juicio, los cuatro investigados –Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín– serían juzgados por un jurado popular.

“Lo que se puede derivar de lo anterior es que difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de octubre del presente año 2025”, avisa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia que presentó Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación y en la actividad de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia de que Peinado encara en 2026 su último año judicial antes de su jubilación, prevista para el mes de septiembre, cuando cumple 72 años, el máximo permitido para ejercer.