El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que el Ejecutivo central le “adeuda” más de 10.500 millones de euros desde 2019 en recursos para financiar servicios públicos, prestaciones e inversiones que se había comprometido a pagar pero que después no ha transferido. Los fondos que no han llegado se corresponderían con diferentes partidas y ámbitos de la administración: de la dependencia a la Administración de Justicia pasando por transporte o infraestructuras hidráulicas.

Para la Consejería de Economía, que ha hecho cuentas de los “deudas” desde que Díaz Ayuso es presidenta, esta situación es “preocupante”. “No es que se perjudique a la Comunidad de Madrid, es que el dinero no llega a los madrileños”, aseguró su titular, Rocío Albert, en un encuentro informativo. La consejera destacó como especialmente grave la situación que afecta a las ayudas que se otorgan conforme a la ley de Dependencia. “Se habían comprometido a pagar el 50% para prestaciones a grandes dependientes y no lo están haciendo: nos adeudan 2.350 millones”, aseguró Albert. “Cada día nos adeudan un millón de euros y eso hace que los servicios públicos a los dependientes los tenga que prestar la Comunidad y detraiga recursos para otras cosas”, apostilló.

“También presentaron con mucha algarabía la ley en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y el señor Bolaños dijo que nos iban a dar 44 millones y tampoco lo ha hecho”, agregó Albert, que aseveró que con esta denuncia el Gobierno madrileño no está pidiendo financiación extra al Estado, sino que son fondos que se han comprometido desde el Ejecutivo estatal y que están “obligados” a transferir de acuerdo con el ordenamiento legal.

La responsable autonómica también contabilizó como deuda para con la Comunidad una serie de “inversiones comprometidas y no ejecutadas” por el Ejecutivo central en materia de medio ambiente. En concreto, Albert se refirió a 221 actuaciones enmarcadas en el tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo dentro de las fronteras regionales y que estaban valoradas en 1.580 millones. Igualmente citó otros 1.200 millones para obras en las estaciones de aguas residuales de La China o Butarque, entre otras. “Son infraestructuras clave en el sistema de depuración de la cuenca y esenciales para cumplir con la normativa europea”, advirtió la titular de Economía.

En esa “deuda” superior a los 10.500 millones incluyó la subvención de 126,8 millones que con carácter anual tiene que remitirse desde la Administración central al Consorcio Regional para contribuir al sostenimiento del sistema de transporte público. Es una transferencia de la que este año aún no ha llegado “un solo euro”, tal y como se denunció la semana pasada desde el Ejecutivo regional, que ha enviado una carta a Óscar Puente para requerirle el pago.

Desde la Comunidad se precisó que están interponiendo recursos contenciosos-administrativos para ir reclamando las cantidades que considera que legalmente les corresponden, pero no se descartan otras acciones. Entre ellas estarían los embargos al Estado. De hecho, desde mediados del año pasado ya se han ejecutado dos para cobrar parte de una deuda superior a los 33 millones por la prestación sanitaria a los presos de las cárceles madrileñas, una atención que según el Tribunal Supremo tiene que ser sufragada por la Administración central.

Los fondos europeos que tan relevantes han sido en los últimos años no escaparon a la crítica. “Madrid ha sido infrafinanciada: es la que menos recibe por habitante”, sostuvieron desde la consejería. “El importe consignado hasta abril de 2025 ha sido de 3.242 millones, el 11% del total asignado a las comunidades autónomas, a pesar de que Madrid representa el 14,6% de la población nacional”, abundaron, cifrando el “desajuste” en 950 millones.