El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tenía desde hace nueve meses el informe de la Real Academia de la Historia que vincula a la Real Casa de Correos con el periodo de la Ilustración pese a que este, durante el franquismo, fue utilizado como sede de la Dirección General de Seguridad.

Este informe fue solicitado, precisamente, por el ministerio de Ángel Victor Torres. Un movimiento que buscaba que catedráticos en Historia respaldasen su decisión de incluir el edificio dentro de la Ley de Memoria Democrática. Como estos expertos no dieron pábulo a su tesis, el ministerio decidió dejar el texto en el fondo de un cajón.

Este ha estado escondido durante más de nueve meses, hasta que la Comunidad de Madrid, buceando entre la documentación, encontró este expediente que ahora empleará para defender que la Real Casa de Correos no puede someterse a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez.

En concreto, la Real Academia de la Historia registró el pasado 23 de enero el documento en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro (OARM) del propio ministerio. La Comunidad de Madrid, como parte interesada en el caso, tiene acceso a la documentación y de ahí que haya podido desempolvar este texto.

La Real Academia de la Historia señala que si la Real Casa de Correos está vinculada a una época, es a la Ilustración, ya que durante este periodo formó parte fundamental de la vida social de los madrileños. Pese a que se empleó para otros usos a posteriori, creen que el edificio no tuvo tanta relevancia histórica como entonces.

Este texto servirá a la Comunidad de Madrid para presentar alegaciones contra la acción del Gobierno, que pretende colocar una placa por las víctimas del franquismo en la fachada de la Real Casa de Correos.

Según el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, solo busca vincular a Franco con la sede del gobierno regional, en manos del Partido Popular desde hace 30 años. La Comunidad considera que esta medida vulnera sus competencias en la gestión del patrimonio y la defensa de bienes históricos de la región.

Además, argumenta que la propuesta del Ejecutivo central representa un ataque al verdadero valor histórico del edificio, al enfocarse únicamente en su relación con el franquismo y obviar su relevancia en otras etapas de la historia.

Con este nuevo documento, tal y como ha anunciado García Martín, el Gobierno regional pedirá “el archivo de ese expediente” utilizando lo que consideran un aval.