Los consejeros de Justicia y Vivienda instan a «combatir de manera decidida las mafias» que «abusan» de la situación de vulnerabilidad de una parte de la sociedad

El Gobierno de la Comunidad ha pedido a los jueces y fiscales de la región que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles. En total, en la región existen más de 4.000 viviendas afectadas por este problema, siendo Usera y las grandes ciudades del sur de Madrid las zonas más perjudicadas.

Así lo han asegurado esta mañana el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, que se han reunido con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, para abordar la problemática e impulsar la coordinación entre la administración autonómica y la justicia madrileña.

López y Pérez han incidido en la necesidad de modificar la legislación, haciendo un estudio de los déficits actuales, para poder devolver a las familias sus viviendas o destinarlas a personas necesitadas. «Con la legislación actual es imposible desalojar las viviendas de una forma rápiza y eficaz», ha dicho Pérez. De las 4.000 viviendas afectadas, 1.500 pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social. La Comunidad ya ha denunciado esos casos.

«Hemos detectado que existe cierto grado de delincuencia organizada, mafias, que están abusando de la situación de vulnerabilidad de una parte de la sociedad y que, en determinadas ocasiones, están estableciendo una especie de comercio ilícito en las viviendas», ha explicado el consejero de Justicia, que se ha comprometido a « combatirlas de manera decidida». Asimismo, ambos han estimado que un desalojo puede tardar «cinco meses en el mejor de los casos» o, en el peor, «varios años o incluso no concluir».

En este sentido, además de reformar la legislación, se han comprometido a hacer un análisis de cada caso. «Hay muchas tipologías de okupación: de patada en la puerta, ideológica de grupos antisistema, okupaciones tácitas que se producen entre familias que han dejado de tener derecho a esa vivienda pero otros familiares se han quedado en ella…», ha explicado el consejero de Vivienda, que ha insistido en proteger los derechos de los propietarios que muchas veces se encuentran «desasistidos»: «El problema de la okupación hay que abordarlo de una forma integral si queremos ser efectivos». Pérez ha definido las okupaciones como «un problema social» sobre el que hay que evitar la «condescendencia que ha habido desde determinados ámbitos de la izquierda y el oportunismo».

Por eso, el Gobierno ha pedido estudiar posibles sinergias para agilizar al máximo los procedimientos de desalojo. Los dos consejeros han planteado también la necesidad de que, en las ocupaciones que afectan al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, se dé facilidades a la Policía Judicial adscrita al Juez Decano para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble. Todas las medidas se llevarán a la Mesa de Vivienda y Okupación –formada por la Comunidad y el Ayuntamiento– que después propondrá al Gobierno de la nación las reformas legales pertinentes.