El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reprochado a “la izquierda y ultraizquierda” que se “inventaran” un delito de odio para “retorcer el dolor” de los familiares de fallecidos en residencias y ha celebrado que la justicia haya “dado la razón” de nuevo a los profesionales y al propio Ejecutivo en la gestión de estas dotaciones durante la pandemia del Covid-19.

Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha rechazado reabrir la investigación por el fallecimiento de una mujer en una residencia porque no aprecia “ningún indicio mínimo” de delito de odio (art. 511 del Código Penal).

García Martín ha insistido en su rechazo a la pretensión de “sacar algún rédito político” por parte de la “ultraizquierda de la región” a la que “se ha sumado” el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

A continuación ha recordado que ya son “más de sesenta” las resoluciones judiciales que “han dado la razón” a los profesionales, una “obviedad” que ha pedido a la izquierda “reconocer” tras cinco años de la crisis sanitaria.

“Los únicos que ni estaban ni se les esperaban eran, precisamente, los miembros de la izquierda y de la ultraizquierda y, desde luego, tampoco el señor López, cuando formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez.