Estimado director:

Os escribo para denunciar unas obras a todas luces ilegales y para preguntar a qué se deben los movimientos de tierra que se están produciendo junto a la M40, concretamente en la zona de la Venta San Antón.

Se trata de la zona, como saben muchos vecinos, donde se producirá la salida del futuro túnel que conectará la Universidad Francisco de Vitoria, entidad perteneciente a los Legionarios de Cristo, con el interior de Pozuelo de Alarcón.

Podría pensarse que estos movimientos de tierra tienen que ver con la necesaria urbanización que se requerirá para poder ejecutar el proyectado túnel y la pretendida conexión de la Universidad con la trama urbana.

Sin embargo, esos terrenos se encuentran dentro del ámbito urbanístico denominado Sector de Empleo I, que hasta la fecha carece de proyecto de urbanización.

Y a partir de aquí nos surgen algunas dudas y preguntas:

En primer lugar, nos preguntamos qué tipo de licencia habrá concedido el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para realizar esos desmontes en un sector que carece de proyecto de urbanización. Claro que bien pudiera ser que esas acciones se estén desarrollando sin licencia de obras.

Nos preguntaríamos entonces quién pudiera estar interesado en avanzar clandestinamente las obras de urbanización de un sector que carece de planeamiento de desarrollo. Obviamente, los propietarios de esos terrenos deben tener alguna de las respuestas. En el momento de escribir estas líneas desconocemos la titularidad de esos terrenos, por lo que por ahí no podemos avanzar.

No obstante, conviene que contextualicemos este asunto porque hay muchas dudas en su proceso:

El Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón contempla la construcción de dos grandes infraestructuras. La primera de ellas es el famoso Colector Interceptor de Aguas. La segunda es este mencionado túnel por debajo de la M40.

En cuanto a la primera de ellas, recordamos que, el 28 de mayo de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio de la licitación pública para las obras de ejecución del Proyecto de Colector dentro del epígrafe de “Contratación del Sector Público”.

Sin embargo, no fue ninguna administración pública la que se encargara de la adjudicación de la obra, sino que el Ayuntamiento de Pozuelo encomendó la tarea a la Entidad Urbanística Colaboradora del Colector que habría de actuar como un poder adjudicador por delegación del Ayuntamiento.

Todo parece indicar que la derivación del proceso hacia un agente privado, ajeno a la Administración, debilitó la obligada observancia del procedimiento de contratación administrativa.

Hasta donde tenemos constancia, el proceso no observó todos los mecanismos de publicidad aplicables a una obra de esta envergadura. De hecho, solamente se presentaron tres empresas a una jugosa obra de cerca de 50 millones de euros.

Posteriormente supimos que a dos de las tres se les olvidó presentar la fianza provisional. En realidad, no se les olvidó, ya que el órgano de contratación les dio la oportunidad de subsanar el error, pero no quisieron hacerlo. Esto nos lleva a pensar que nunca tuvieron intención de realizar la obra.

Una de estas dos empresas era Ferrovial, compañía que sin duda está más que acostumbrada a presentar este tipo de avales y que seguramente cuente con solvencia más que sobrada para obtenerlos. Pocos meses después, el Ayuntamiento de Pozuelo adjudicaba a una filial de Ferrovial un contrato de gestión de los servicios públicos de recogida de residuos y limpieza viaria de Pozuelo por un importe máximo de hasta 22 millones de euros. El entonces Concejal de Medioambiente se abstuvo, ya que, no en vano, era empleado en excedencia de Ferrovial.

En cualquier caso, podemos decir que al final solamente se presentó una empresa que cumpliera los requisitos y, obviamente, se le adjudicó la obra. Extraña manera de asegurar el principio de concurrencia.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, llama poderosamente la atención que la persona que entonces ostentaba el cargo de Secretario de la Entidad Urbanística Colaboradora y, por lo tanto, responsable de certificar los acuerdos, fuera la representante de la Universidad Francisco de Vitoria, esa organización que se encuentra al otro lado de estos movimientos de tierra tan sorprendentes que hemos podido ver semanas atrás.

Para añadir más picante al tema, recientemente hemos podido conocer una noticia que para mucha gente ha pasado inadvertida. Se trata de que Ferrovial ha demandado a Acciona ante los tribunales en Estados Unidos por espionaje industrial. La constructora relacionada con los peculiares procesos de contratación del partido Popular en Pozuelo se pelea con la constructora involucrada en los escándalos del PSOE.

¿No resulta enternecedor?

Juan Pozuelo